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Santiago Sánchez

Que Calviño cese a Montero

Los pagos realizados con cargo al Mecanismo de Reconstrucción ascienden a la raquítica cifra de 2.048 millones, tan sólo un 7,2% de los 28.246 millones de fondos europeos para este año.

Los pagos realizados con cargo al Mecanismo de Reconstrucción ascienden a la raquítica cifra de 2.048 millones, tan sólo un 7,2% de los 28.246 millones de fondos europeos para este año.
Nadia Calviño y María Jesús Montero. | EFE

Desconozco cuánto durará este gobierno de Pedro Sánchez, si me lo permiten, espero que poco, porque dejará dos profundas crisis en nuestro país que costará superar. Las frivolidades, que vemos habitualmente en los viajes de miembros del gobierno o incluso en el propio presidente, no son más que la expresión de lo superficial y la frágil moral de los responsables de conducir la economía del país.

En lugar de promover el prestigio de las instituciones y por extensión la credibilidad de nuestra nación, lo sucedido en Indra en las últimas semanas y más recientemente la dimisión forzada del presidente del INE, desvelan ante los ojos del conjunto de la sociedad la crisis institucional que se ha visualizado ya claramente como compañera de baile de una crisis económica cuyos efectos se dejarán notar con especial virulencia en otoño.

La ministra Calviño parece tener como criterio tomar represalias contra toda institución que no presente los datos que considera adecuados. Estoy seguro de que la firmeza que ha demostrado con el presidente del INE no tardará en aplicarla en el Ministerio de Hacienda para prescindir de su titular, María Jesús Montero, porque los datos que seguimos conociendo sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son tremendamente preocupantes y decepcionantes.

Son preocupantes porque en la arquitectura que ha diseñado el gobierno para fundamentar todo su cuadro macroeconómico, la ejecución del plan de recuperación es el pilar que sostiene el crecimiento, la reducción del déficit público o la disminución del porcentaje que supone la deuda pública.

No hay ni una sola medida de racionalización del gasto público, ni propuesta de reforma estructural dirigida a equilibrar las cuentas públicas en los planes del gobierno. Más bien al contrario, engrosar el gasto estructural y las medidas efectistas, pero costosas, son la senda que marca su estrategia electoral. Todo se fía todo a los fondos europeos de recuperación y el efecto tractor que pueda impulsar la economía en el medio plazo.

Los organismos independientes como el Banco de España o la Airef han reducido el efecto multiplicador de los fondos, y los datos de crecimiento próximos al 4% que han hecho públicos tienen como supuesto base que el gobierno será capaz de cumplir los hitos, objetivos y convocatorias previstas plenamente.

La misma incapacidad que el gobierno está manifestando para contener la inflación o para hacer más dinámica y competitiva nuestra economía, la está extendiendo a la ejecución de los fondos europeos, y eso que la responsabilidad que está asumiendo cada vez es mayor. La Comisión Europea, tras analizar el impacto de la pandemia en el crecimiento y comprobar cómo España se encuentra a la cola de la recuperación y que no recuperará los niveles prepandemia hasta finales de 2023, ha decidido incrementar en 7.750 millones de euros las ayudas no reembolsables, que ascienden hasta un total a 77.270 millones de euros. Gestionar esta cantidad ingente de fondos de manera eficaz y eficiente es una responsabilidad, y la gestión del gobierno en este ámbito es absolutamente decepcionante.

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A fecha 31 de mayo, según la Intervención General del Estado, los pagos realizados con cargo al presupuesto del Mecanismo de Reconstrucción del año 2022 ascienden a la raquítica cifra de 2.048 millones de euros, tan sólo un 7,2% de los 28.246 millones de fondos europeos para este año.

Además estos pagos, no se corresponden con dinero que llegue al tejido productivo sino que mayoritariamente se reparte entre las CCAA para los programas de construcción de viviendas (500 millones), el programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos (378 millones), el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (584 millones) o se dirigen a organismos públicos como ADIF (184 millones) que ya fue el año pasado uno de los grandes beneficiados de los fondos con más de 1.700 millones de euros para toda clase de inversiones, entre ellas las compras de traviesas o balastro.

Para conocer datos agregados que permitan analizar el avance del plan desde el 1 de enero de 2021 hay que dirigirse al diario de sesiones del Congreso de los Diputados y repasar la interpelación que sobre "la ejecución efectiva, la transparencia y el control de los fondos" le realizó D.ª Elvira Rodríguez a la ministra de Hacienda el pasado día 29.

La ministra, aportó dos cifras a fecha 22 de junio muy preocupantes: autorización de inversiones por 36.582 millones de euros y obligaciones reconocidas por 24.000 millones. El presupuesto del Mecanismo de recuperación y Resiliencia de los ejercicios 2021 y 2022 suma 52.444 millones, por lo que el avance en las obligaciones de gasto en año y medio es de un 45%.

El dato de los pagos realizados, bien a otras administraciones y organismos o bien por resolución de convocatorias de las Administraciones, no se dignó a darlo. Lo que sí sabemos es que cerca de un 10% de las licitaciones están quedando desiertas, especialmente en el ámbito de las CCAA, y no por su culpa, sino por esa mal llamada cogobernanza que no les permite adaptar las inversiones a las necesidades concretas de sus territorios y por el desánimo y frustración en el tejido empresarial a consecuencia de unas expectativas creadas alejadas de la realidad.

En un ejercicio de falta de transparencia y opacidad sin precedentes, resulta imposible conocer cuál es la ejecución real del plan de recuperación y lo que realmente está llegando a empresas y autónomos. El Ministerio de Hacienda no ha sido capaz, a día de hoy, de poner en funcionamiento la "Plataforma Común para los Fondos Europeos", el sistema de información que debe recoger los avances en la ejecución y el cumplimiento de los objetivos, cuando debería de estar en funcionamiento desde el 30 de noviembre.

La comparación con nuestros vecinos evidencia todavía más nuestra deficiente gestión y sistema de rendición de cuentas. La web del gobierno de Portugal, proporciona detalladamente y de manera accesible información sobre todo el flujo de ejecución con detalle de aprobaciones, pagos, dinero en tránsito, y buscadores para beneficiarios finales o proyectos.

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Por su parte Francia en su web presenta las convocatorias y evolución de las inversiones por regiones presentando datos concretos de volúmenes y cartografía interactiva del avance de las inversiones.

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Los PERTES, los grandes proyectos tractores decididos unilateralmente por el gobierno apenas han arrancado. De los más de 33.000 millones de inversión pública que nos llevan anunciando desde hace meses, sólo han resuelto convocatorias por 930 millones, con 4.270 millones en convocatorias cerradas que se irán resolviendo en próximos meses.

España se juega su futuro con los fondos del plan de recuperación. La inflación ha desbordado las previsiones de un gobierno que llega tarde y presenta medidas insuficientes, con la sostenibilidad de las cuentas públicas como gran riesgo para el futuro de nuestro país y donde los fondos de recuperación son la palanca que puede transformar nuestro sistema productivo e incrementar nuestro potencial de crecimiento. Sólo una correcta fiscalización del plan puede garantizar que no se malgasta o se pierde en inversiones improductivas. Y si no le gustan los datos a Calviño, que cese a Montero.

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