La industria española atraviesa un momento crítico. El riesgo de deslocalización de empresas, la falta de inversión en I+D, una fiscalidad asfixiante y un marco regulatorio nada propicio para alojar en nuestro país proyectos, han debilitado el sector industrial hasta situarlo en el 14,7% del PIB, muy lejos del objetivo del 20% que marca la Unión Europea y a perder casi 8.000 de sus empresas desde que gobierna Pedro Sánchez.
Con este panorama, el Gobierno ha presentado una nueva Ley de Industria carente de ambición, con una preocupante ausencia de medidas concretas y sin acompañarla de una dotación presupuestaria que pueda, al menos en teoría, financiar las medidas que necesita de manera imperiosa el sector.
La falta de credibilidad del Gobierno en materia industrial se justifica por la experiencia de seis años de oportunidades perdidas. Todo lo que apareja presupuesto es medible y la gestión presupuestaria del Ministerio de Industria y Turismo se resume en una sola palabra: incapacidad. En los últimos seis años, el ministerio se ha dejado sin ejecutar 23.000 millones de euros de los fondos que tenía presupuestados.
Con esta hoja de servicios y sin dotación de fondos específicos para que el sector lleve a cabo inversiones en activos, nuevas tecnologías o procesos de descarbonización, ¿qué garantías existen de que se pueda impulsar la industria española con éxito?
Les respondo con una máxima irrefutable: Ninguna. La ineficacia en la ejecución presupuestaria es un reflejo de la falta de estrategia y liderazgo en materia industrial. Por eso, el Ministerio de Industria lleva varios años siendo el peor entre todos los vasallos ministeriales de Sánchez, también en 2024.
El documento presentado por el gobierno no es más que una declaración de intenciones sin capacidad real de transformación. No aborda los problemas estructurales de la industria, ni la necesidad de dotarnos de una autonomía estratégica efectiva, ni ofrece soluciones que fomenten la inversión, ni se abordan los factores de competitividad industriales. Un marco normativo industrial debería centrarse en impulsar la innovación, la fiscalidad competitiva, el acceso a energía estable y barata, la captación de talento y la reducción de cargas administrativas. Sin embargo, esta ley no aborda ninguno de estos pilares con profundidad.
Es un texto vago, que se asemeja más a un libro blanco o a una estrategia generalista que a una normativa que pretenda alcanzar un impacto real. España necesita reformas profundas en materia fiscal, energética y burocrática, pero la ley elude deliberadamente estas cuestiones esenciales.
Nuestro país no puede permitirse una ley vacía de contenido en un contexto global donde la industria es un pilar de la soberanía económica. Basta con analizar el nuevo marco industrial, comercial y las medidas que están adoptando China o Estados Unidos, países que están reforzando su autonomía estratégica a través de políticas industriales acompañadas de fuertes impulsos fiscales.
La Unión Europea ha sufrido un shock de realidad e intenta recuperarse del camino ideológico que había emprendido en los últimos años, situando el centro de su estrategia allí de donde nunca debió salir, en la competitividad. El Informe Draghi y su reciente artículo en el Financial Times han señalado la urgente necesidad de reducir la carga regulatoria y burocrática para potenciar la competitividad europea.
Sin embargo, la Ley de Industria del Gobierno nace superada por estos retos. No contiene una visión estratégica para fortalecer sectores clave como el tecnológico, el energético o el industrial.
Uno de los fallos más graves de la ley es un olvido imperdonable de la industria de defensa. En un momento en el que Europa se enfrenta a décadas de tensiones geopolíticas a sus puertas y donde la OTAN ha instado a sus miembros a incrementar el gasto en defensa, el Gobierno ha decidido ignorar este sector clave.
La industria de defensa es intensiva en I+D, genera empleos cualificados y es un motor de innovación tecnológica con efecto arrastre sobre múltiples sectores. Países como Francia o Alemania han reforzado sus industrias militares como parte de su estrategia de reindustrialización, mientras España sigue sin considerar este sector como prioritario.
Esta omisión es un grave error estratégico que compromete nuestra capacidad de respuesta ante amenazas externas, debilita nuestra soberanía tecnológica y, lamentablemente, no podemos esperar una reacción inmediata de un gobierno débil y condicionado por sus socios.
La ley tampoco resuelve otro de los principales problemas de la industria española, la asfixiante burocracia. La sobrerregulación y la inseguridad jurídica están desincentivando la inversión (prácticamente estancada) y dificultando la puesta en marcha de proyectos estratégicos. Lejos de simplificar los trámites administrativos, el gobierno mantiene el mismo esquema regulatorio ineficiente, dificultando el crecimiento de las empresas y la atracción de inversión extranjera.
Seguimos sin aprender de los problemas en la ejecución de los fondos europeos y seguimos atrapados en un modelo obsoleto, donde abrir una fábrica o lanzar un proyecto innovador se convierte en una odisea administrativa.
Otro de los problemas fundamentales de la Ley de Industria es su carácter recentralizador e intervencionista. En lugar de fortalecer la colaboración público-privada y garantizar la libertad de empresa, el Gobierno apuesta por un modelo de control estatal sobre el sector industrial. Convertir a la SEPI y a otros organismos públicos en actores clave para intervenir mercados y empresas, expulsará la inversión privada. El intervencionismo solo conduce a la ineficiencia y a la asignación arbitraria de recursos, como se ha visto en la gestión de los PERTE, donde más del 60% de los fondos todavía no han sido ejecutados.
Además, esta Ley genera duplicidades al invadir competencias de las CCAA. En lugar de coordinar esfuerzos, Sánchez pretende imponer su criterio ignorando la realidad industrial de cada territorio, con sus necesidades y potencialidades. ¿Saben desde cuando no reúne el gobierno la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme? Desde el 19 de diciembre de 2022, hace más de dos años. El mismo menosprecio a las CCAA que hace esta Ley al excluirlas con voz y voto en algunos de los órganos y procedimientos decisorios que contempla la norma.
Sin medidas concretas para mejorar la competitividad y sin presupuesto definido que garantice su viabilidad, estamos ante una Ley cuyo único objetivo es cumplir con un hito más de los fondos europeos, un mero trámite sin ambición.
La mejor manera de fortalecer la industria es fomentando un entorno de libre competencia, de estabilidad regulatoria y de atracción de inversión. Esta ley representa justo lo contrario. España necesita menos intervencionismo y más libertad económica. Sin ello, nuestro sector industrial seguirá languideciendo entre la ineficacia y la falta de visión estratégica del Gobierno.