Esta es la realidad de un Plan que siempre primó lo público sobre lo privado. Han pasado más de cuatro años desde que el Gobierno de Sánchez inició la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos Next Generation EU. Cada dato que se conoce refuerza la percepción de deficiencias en el diseño, gestión y distribución, así como en la eficiencia de su utilización.
Es la conclusión que se extrae del análisis del listado de los 100 mayores beneficiarios de los fondos del PRTR, extraído del sistema CoFFEE en febrero de 2025. Este informe evidencia no sólo retrasos en la publicación de los datos (más de tres meses tarde), sino también la concentración del grueso de los fondos en entidades públicas y filiales de multinacionales. Este retraso nos situó como el último país de la UE en actualizar esta información, reflejando, una vez más, la recurrente falta de transparencia del ejecutivo socialcomunista.
Este listado recoge lo que la Comisión Europea considera como perceptor final, es decir, el último vehículo que recibe fondos bajo el mecanismo de recuperación. Por eso, el listado refleja las 100 primeras entidades públicas y privadas que realizan las inversiones financiadas con los fondos europeos Next Generation. Con los últimos datos publicados, el sector público ha recibido el 77,2% de los fondos adjudicados a los 100 mayores beneficiarios. De los casi 9.850 millones de euros distribuidos, 6.417 millones han ido a parar a entidades públicas, 488 a Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otros 695 millones a diferentes ministerios, dejando solo el 21,29% para empresas privadas.
Este reparto se corresponde con el modelo de intervencionismo estatal promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez, donde la mayor parte de los fondos se dirigen a administraciones y organismos públicos en lugar de incentivar el crecimiento del sector privado.
Solo ADIF recibe 4.354 millones de euros, con lo que han logrado paliar "parte" de sus problemas financieros. Señalo específicamente "parte", porque la negligente gestión del gobierno ha provocado que ADIF y Renfe hayan acumulado pérdidas de más de 3.000 millones de euros entre 2018 y 2023, que ADIF acumule una deuda de más de 18.000 millones de euros y se haya tenido que introducir una enmienda intrusa en la Ley 2/2024, para aumentar el límite de endeudamiento de Adif-Alta Velocidad y Renfe en 2024 en 1.750 y 880,7 millones de euros respectivamente.
Mientras tanto, las empresas privadas que han accedido al grupo selecto de los 100 mayores beneficiarios de los fondos pertenecen principalmente a sectores estratégicos y de gran tamaño, como la automoción (destacan filiales de Volkswagen, Renault, Mercedes Benz) y consorcios ferroviarios. El plan tiene un diseño de adjudicación que ha favorecido a empresas extranjeras en detrimento del tejido productivo nacional. También destacan los proyectos de energías renovables, como los de hidrógeno verde, donde se benefician los grandes proyectos pilotados por Iberdrola, Repsol, Petronor o EDP.
Este plan siempre olvidó a un amplio espectro del tejido empresarial español, especialmente a pymes y startups, que podrían haber jugado un papel clave en la innovación y el desarrollo económico. Su participación ha quedado reducida a kits digitales, una suerte de "plan E digital" de escaso impacto transformador.
La información sobre los 100 mayores beneficiarios debió haberse publicado en octubre de 2024, pero no se ha materializado hasta febrero de 2025. Este retraso injustificado, situó a España como el último país de la UE en actualizar estos datos, con la complacencia de Bruselas. Resulta incomprensible que la gestión de los fondos en España no haya sido sometida a una auditoría independiente o una comisión de investigación.
El Ministerio de Economía publica en su dashboard "Elisa" datos sobre adjudicaciones de subvenciones y licitaciones que nada tienen que ver con la ejecución real del plan (que sí recoge la Intervención general del Estado, aunque no la publique desde agosto de 2021). El propio ministerio reconoce que estas cifras son estimaciones y que "no puede en ningún caso considerarse una fuente de información oficial sobre los procesos de auditoría de la ejecución de los fondos del MRR y en concreto en lo relativo al concepto de beneficiario final de los fondos europeos".
En otras palabras, los datos que facilita el Ministerio de Economía no se puede considerar fuente oficial y no reflejan la realidad de la ejecución ni sus beneficiarios finales. ¿No creen que la ejecución de 163.000 millones de euros merece un escrutinio serio? ¿Es esta la clase de evaluación de la eficiencia del gasto público a la que aspira la cuarta economía del euro? En mi opinión, son cuestiones que deberían preocuparnos.
A menos de año y medio para que finalice el programa Next Generation, conviene recordar que los beneficiarios que no puedan acreditar el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación estarán obligados a devolver los fondos. La Comisión Europea, además, tiene la facultad de suspender o reducir su contribución si detecta incumplimientos graves o fraude.
Ante este riesgo, el Ministerio de Hacienda está a punto de finalizar la elaboración de una orden ministerial para regular el procedimiento para recuperar fondos en caso de incumplimiento de objetivos y depurar las responsabilidades derivadas. Sin embargo, esta medida llega tarde y pone de manifiesto la improvisación en la gestión de los fondos europeos.
Los retrasos en la ejecución han sido otro problema persistente que se ha agravado año a año, con una especial dejación gubernamental en 2024. A falta de conocer el cierre del año, los datos hasta noviembre de 2024 muestran que, de los más de 34.134 millones de euros previstos para su ejecución presupuestaria, solo se realizaron pagos por 7.538 millones, un 22% (nada que ver con ejecución real, pero sí paso previo). Además, casi el 80% fueron transferencias a otros organismos públicos, como los recogidos en la lista de los 100 mayores beneficiarios.
En definitiva, España sigue sin aprovechar plenamente una oportunidad histórica de transformación económica por la ineficacia y la burocracia propia del Gobierno de Sánchez. El listado de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation confirma que el Ejecutivo solo aspira a incrementar el peso del sector público sobre el privado, limitando el impacto de estos recursos extraordinarios en la innovación y el crecimiento empresarial.
La mala planificación, los retrasos en la ejecución y la falta de transparencia han convertido una oportunidad histórica en un ejercicio de intervencionismo ineficaz que podría llevar a España a devolver parte de los fondos europeos y perder una ocasión única para transformar su economía.