Hacienda intensifica la coacción fiscal que ejerce sobre los ciudadanos y las empresas del país. El voraz organismo que dirige María Jesús Montero no escatima en gastos ni en ideas predatorias con las que saquear al contribuyente hasta la extenuación. Gracias a las nuevas tecnologías, el cerco que ejerce el fisco contra la economía productiva cada vez es más estrecho. Pocas son las operaciones que se escapan ya de las garras de Hacienda, y cuando lo hacen, el castigo en forma de intereses o multas resulta devastador para el que lo sufre.
De la mano de la tasa Google, la Agencia Tributaria ha dado un paso más en sus prácticas inquisitoriales y ha comenzado a controlar la localización de los teléfonos móviles de los contribuyentes. La excusa para llevar a cabo este ataque sin precedentes a la privacidad de los particulares es que el fisco necesita corroborar que las grandes plataformas digitales tributan en España para cobrarles los impuestos correspondientes. Por eso, está obligando a las compañías afectadas (más de 200) a geolocalizar a sus clientes y entregar a Hacienda los datos que informen de la ubicación desde donde se ha producido la compra o se ha efectuado el servicio por el que el Gobierno de Sánchez quiere llevarse su parte.
A pesar del empeño del Ejecutivo social-comunista en ser pionero en Europa en sablear a las tecnológicas de esta miserable manera, la tasa Google ha registrado un estrepitoso fracaso: solo ha recaudado 240 millones de euros en su primer año de implantación, el irrisorio 25% de lo que pronosticó el Gobierno. Sin embargo, la cara más rentable de la moneda es que su puesta en marcha le ha permitido a Hacienda seguir especializándose en las avanzadas técnicas de big data, inteligencia artificial o minería de datos con las que pretende fiscalizar -y exprimir- cada euro del contribuyente.
Mientras tanto, la indefensión de particulares y empresas va en aumento porque no hay nada más complicado que litigar contra la Administración por una cuestión tributaria. Pocos son los que se atreven ha hacerlo y menos, los que consiguen vencer a esta salvaje máquina extractora de riqueza. Así, Hacienda ha ido convirtiéndose poco poco en un instrumento cada vez más grande y todopoderoso. Y los ciudadanos, en sus súbditos.
Si hay un modus operandi que defina al Gobierno social-comunista es su salvajismo confiscatorio. Nunca antes los contribuyentes españoles habían pagado tantos impuestos, y a pesar de que la asfixia fiscal resulta insoportable, Sánchez y Montero no hacen sino explorar más maneras de exacerbarla. El pretexto de crujir a impuestos a quienes producen siempre es la financiación del falsario estado del bienestar, cuando la realidad es que lo único que buscan es el bienestar del Estado.