El pasado 30 de junio terminó el plazo para presentar nuestras declaraciones anuales del IRPF. Sea porque el gobierno de Pedro Sánchez decidió recortar la desgravación por aportaciones a planes de pensiones, sea por el incremento de las alícuotas, sea por las ayudas dadas por la pandemia (que tributan, aunque muchos se enteraran ahora), casi todos, en mayor o menor medida, hemos notado que el resultado nos da a devolver menos o a pagar más.
Eso es lo evidente, casi lo cotidiano: tener que sobrellevar el hecho de que el gobierno nos quite sin pudor, en nombre de la "justicia social", una parte cada vez mayor de lo que producimos. Quiero centrarme en otro aspecto del IRPF que suele pasarse por alto: el que tiene que ver con los derechos fundamentales del individuo y su relación con el poder estatal.
La declaración anual del IRPF es el modo de formalizar cuánto nos quita el gobierno de nuestros ingresos. Lo razonable sería exigir la máxima transparencia y claridad. Sin embargo, el maldito modelo 100 de la Agencia Tributaria se ha convertido en un galimatías de 56 páginas y cientos de casillas, escrito en una jerga ininteligible incluso para gente con estudios (hay, por caso, reducciones, deducciones, compensaciones, imputaciones y atribuciones de renta).
El modelo 100 debería constar de no más de dos páginas y tendría que poder ser rellenado por cualquiera que supiera leer y escribir, sin necesidad de la ayuda de nadie: cuánto se ha ingresado, una deducción personal y familiar, y un tipo impositivo único. En vez de eso tenemos una "caja negra", cuyo resultado puede sorprendernos, como si se tratara de una lotería. Además, fuerza a miles de personas (los asesores fiscales) a hacer un trabajo improductivo, en el sentido de que no responde a ningún deseo ni necesidad de los consumidores.
Un modelo que invade la privacidad, dejando desnudo al individuo frente al Estado: si está casado, soltero, viudo o divorciado; cómo se compone su familia, si hay o no mayores dependientes, cuántos hijos tiene, sus edades y, eventualmente, el grado de discapacidad de cada uno de ellos; qué propiedades tiene; de cuántas cuentas bancarias dispone y en qué bancos; si se han hecho donaciones o no, y a quién; si se han cobrado dividendos y por parte de quién; cómo le ha ido en sus inversiones en acciones y fondos de inversión, y así mil detalles más, que desconocen hasta nuestros amigos más íntimos.
Además de indiscreto, el modelo 100 plasma una obra de arbitrariedad injustificable. ¿Por qué se limita a 4 años la posibilidad de compensar pérdidas? ¿Por qué hay 14 categorías de retenciones y pagos a cuenta? ¿Por qué el gobierno declara ciertos acontecimientos de "excepcional interés" perdonando una parte de los impuestos, en lugar de repartir esa cantidad entre todos los contribuyentes? ¿Por qué las obras de eficiencia energética merecen una deducción y otras no? ¿Por qué hay deducciones adicionales para familias numerosas o monoparentales, pero para las demás no? Así se podrían completar varios folios. La dispar configuración del IRPF en cada autonomía añade una cuota extra de arbitrariedad.
Es difícil evitar una conclusión: solo se trata de ocultar a la gente lo que en verdad paga. Lo consiguen: si se le pregunta a cualquiera qué porcentaje de sus ingresos tiene que destinar a pagar el IRPF, no podrá responder a menos que se siente y coja una calculadora, con todos los datos a mano. Un ocultamiento que se suma a otro: el que se hace a los asalariados todos los meses, al ocultarles la parte más importante que pagan de cotizaciones sociales, inventando que son "a cargo del empleador".
El "estado de bienestar" se ha convertido en una máquina de maltrato y confiscación al ciudadano, separándolos en dos clases cada vez más evidentes: los pagadores de impuestos y los que viven de ellos.