Pedro Sánchez pactó con Podemos castigar a la banca dentro del paquete de sus supuestas medidas anti inflación. Nunca fue una medida técnica: era puramente populista y demagógica. Y, como no podía ser de otra manera, la realidad se ha vuelto contra Sánchez. Sus técnicos le han avisado ya de que cobrar otro impuesto por las comisiones o aplicar tributos nuevos a los servicios financieros implica una doble imposición prohibida legalmente.
El anuncio del impuesto a la banca está en la calle. Pero el impuesto propiamente dicho, no. Y la tensión se mastica en los departamentos técnicos. Y es que los bancos ya pagan Impuesto de Sociedades —y dentro de su base imponible está el cobro de las comisiones— y los servicios financieros de las entidades tienen su propia tributación dentro del IVA por mandato de la UE. Por lo que, aunque la mayoría de estos servicios estén exentos dentro de esa regulación, su hecho imponible está ocupado. Traducido, que el alarde de crear un nuevo impuesto no sabe en estos momentos cómo amoldarse a un pequeño problema: es tal la maraña de impuestos existentes que, desde el punto de vista legal, no hay hueco. Porque la doble imposición está prohibida.
Y los técnicos del Gobierno lo han advertido ya. A partir de ahí, pueden ocurrir dos cosas. La primera, que el Gobierno saque un impuesto mínimo con el mero propósito de no ganarse un recurso de los bancos y con la esperanza de que las entidades entiendan el mensaje de que es mejor contentar a Podemos con un impuesto fake, que arriesgarse a que tengan nuevas ganas de asestar otro golpe a la banca.
La segunda, que el Gobierno apruebe un impuesto con todas sus consecuencias, su recaudación… y su falta de respaldo legal. Y que ese mismo Ejecutivo se arriesgue a que los bancos los tumben en los tribunales. Eso sí, el impuesto sería tumbado —contando con los plazos judiciales— en dos o tres años, y entonces el problema sería ya de un Gobierno de derechas, que sería el encargado de devolver lo recaudado injustamente.
El Instituto Español de Analistas Financieros, por ejemplo, no oculta que "llama poderosamente la atención el hecho en sí de subir impuestos a las entidades financieras en un momento como el actual. Pero, sobre todo, impresiona más aún su justificación. El actual Gobierno usa con cierta frecuencia el concepto de "beneficios caídos del cielo" (windfall profits) para fundamentar "medidas fiscales o regulatorias que supongan intervenir la cuenta de resultados de empresas privadas". Y, en este sentido, "aplicar este concepto a la banca pensando que la subida de los tipos de interés en el mercado es un fenómeno ‘caído del cielo’ que genera beneficios instantáneos reales es desconocer en absoluto cómo funciona la cuenta de resultados de una entidad financiera", aclaran.
Es más, destacan igualmente que "hacer equivalente el tipo de interés aplicado a los créditos, al precio que fija una pyme de hostelería a su menú o una industria a su producto carece de la más mínima lógica económica. La cuenta de resultados de una entidad financiera no se determina en cascada por un único precio de venta del producto o servicio al que se le van descontando costes conforme se va descendiendo hacia el beneficio neto".
Y subrayan que "aprobar un nuevo impuesto o recargar el ya existente, con independencia de la manera que finalmente se haga, supone incrementar aún más el diferencial de presión fiscal existente entre las entidades de crédito y el resto de más de 3 millones de empresas en España. Este diferencial se ha ido ampliando en los últimos años tras la decisión consciente en 2015 de mantener el tipo nominal de Sociedades en el 30% para las entidades de crédito frente a las bajadas sucesivas del tipo general al 28% primero y posteriormente al actual 25%".