A ERC no se le ha ocurrido otra cosa que instar la aceleración del cierre de las nucleares en plena crisis energética. Quieren que los pasos se agilicen desde el próximo año, pese a que el programa de paralización de estas centrales abarca hasta el año 2035. Pero, además, los hombres de Gabriel Rufián y Oriol Junqueras han encontrado una nueva disculpa para pedir dinero al Gobierno: según ellos, debe crearse un fondo, del que cobre Cataluña, justificado por la pérdida de riqueza generada por el fin de unas nucleares que, según ellos mismos, sólo generan problemas.
El documento acreditativo de sus nuevas reclamaciones está ya registrado en el Congreso de los Diputados. "Los habitantes de los territorios cercanos a las centrales nucleares de Ascó y Vandellós siguen con preocupación la anunciada finalización de la vida útil de dichas centrales, prevista para la próxima década, ante el impacto laboral y social que representará para el futuro de sus pueblos", señala el mismo partido que exige el cierre acelerado de las nucleares. "Este hecho obliga al Gobierno español a planificar y a actuar con anterioridad a dicho cierre, ofreciendo instrumentos y recursos que permitan diversificar la economía de las zonas nucleares con el objetivo de revertir la pérdida de puestos de trabajo y así ofrecer una oportunidad de futuro a los habitantes de aquellos municipios", añaden.
"Hasta la fecha", afirma ERC, "ningún Gobierno español ha presentado un Plan de Transición nuclear o Transición justa para las zonas nucleares ante el anuncio de las fechas de cierre de las centrales. Y, de hecho, es importante recordar que la competencia en materia nuclear corresponde al Estado y, en consecuencia, todos los millones de euros que las centrales generan en impuestos son recaudados por el Gobierno español".
Los de ERC dan datos orientativos del dinero que pretenden obtener con este fondo: "Por ejemplo, el fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos radioactivos recaudó 468 millones de euros el año 2020 en forma de prestación patrimonial de carácter público no tributario". Es más, "la previsión es que al final de la vida útil de las centrales nucleares el fondo haya alcanzado los 11.000 millones de euros. Adicionalmente, el Estado recauda alrededor de 300 millones al año por impuestos directamente vinculados a la producción nuclear".
Por todo ello, "siendo imprescindible dotar la financiación necesaria para la gestión de los residuos radioactivos y el futuro desmantelamiento de las instalaciones nucleares, entendemos que también es muy importante dotar un fondo que permita reorientar las economías locales que actualmente son muy dependientes de la actividad que generan las centrales nucleares", asegura el partido separatista.
Piden un plan de transición
"El Gobierno español no ha establecido ningún convenio de Transición Justa, destinado al mantenimiento y creación de actividad y empleo en las zonas expuestas al cierre nuclear, a diferencia de los que sí ha impulsado en otros ámbitos energéticos afectados, como el de combustibles fósiles o las centrales térmicas", señala ERC. "Del mismo modo, tampoco ha establecido una propuesta de calendarización y actuación de acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, asegurando la fijación de población en las zonas afectadas por el cierre nuclear y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socio-económico", asegura el mismo partido.
Por todo ello, ERC exige a su socio Pedro Sánchez "elaborar e implementar un Plan de Transición nuclear a partir del año 2023, para asegurar la diversificación económica y la reindustrialización de las áreas nucleares de Ascó, Vandellós y Cofrentes ante el cierre definitivo de las centrales nucleares". Y marcan como fecha 2023, cuando lo cierto es que los cierres son posteriores: las primeras nucleares en cerrar, según el plan oficial, son las dos plantas de Almaraz, en la provincia de Cáceres (2027 y 2028). Más tarde, las de Ascó, en Tarragona (Ascó 1 en 2029 y Ascó 2 en 2030). Después llega el turno de la central de Cofrentes, en Valencia (2033). Un año después, Vandellós 2 (2034). Y, la última, Trillo (Guadalajara), en 2035. Siete nucleares que dan a España el 23% de su electricidad y que van a ser eliminadas pese a la crisis energética y el coste de 26.700 millones del plan de paralización nuclear.
ERC prosigue en el texto dando detalles de su plan de absorción de dinero. Y exige "contribuir, a partir de 2023, con una dotación al Fondo de Transición Nuclear de la Generalitat de Catalunya con el mismo importe que aporta anualmente la administración catalana mediante la recaudación finalista del impuesto sobre las instalaciones con impacto medioambiental, que irán a cargo de los ingresos públicos estatales provenientes del sector de la energía nuclear".
