Tanto la banca como las eléctricas han anunciado ya que estudiarán una respuesta judicial para frenar los nuevos impuestos de Pedro Sánchez. El presidente ha ordenado aplicar nuevos tributos que duplican los hechos imponibles y que no respetan el principio de pago sobre beneficios. Pero Sánchez lo sabe perfectamente y sus equipos también.
Por eso en las negociaciones con ambos sectores los representantes del Gobierno han reconocido a las empresas interlocutoras que "por el momento, ingresaremos los 7.000 millones de recaudación extra. Y, si luego perdemos en tribunales, pues se devolverá. Pero será, más que probablemente, en etapa del PP". Problema para el siguiente Gobierno.
Tanto los equipos jurídicos de las eléctricas como los de la banca han anunciado ya que estudiarán los detalles de los nuevos impuestos para intentar repelar el golpe fiscal en los tribunales si es posible. Y el Gobierno sabe que, efectivamente, es posible. Pero ha evaluado los daños: los habrá, pero caerán en el terreno del PP. Y eso es suficiente para tomar la decisión de seguir adelante con el nuevo sablazo fiscal.
Ya se conocen los detalles de los últimos tormentos tributarios inventados por Pedro Sánchez: los impuestos a las energéticas y a la banca. El impuesto a las grandes empresas energéticas de Sánchez gravará con un 1,2% sus ventas. No sus beneficios, sino sus ventas, sin tener en cuenta los costes en los que incurran, que serán, por lo tanto, igualmente gravados. Toda una anomalía.
Y el impuesto a la banca exigirá un tipo del 4,8% sobre las comisiones e intereses netos de las entidades financieras, que ya pagan Impuesto sobre Sociedades, pero a Pedro Sánchez le da lo mismo generar una doble imposición con tal de recaudar más. Aunque esa doble imposición esté prohibida.
Esos son los detalles técnicos. Pero también se va conociendo, paso a paso, cómo ha sido una negociación que, realmente, no merece ese nombre. Y es que el tono y actitud de los equipos técnicos del Gobierno con los interlocutores de ambos sectores ha sido el de no aceptar absolutamente nada. Ningún argumento. Por muy evidente o técnico que fuese.
Y es que, mientras las energéticas pedían detalles técnicos para amoldarse e intentar negociar un menor impacto en este nuevo golpe fiscal, el Ministerio de Hacienda contestaba con declaraciones políticas: "Necesitamos 4.000 millones y los vamos a recaudar", como ya ha publicado Libertad Digital.
Y, mientras los juristas de las eléctricas y la banca alertaban de posibles ilegalidades en los tributos, esos mismos equipos ministeriales contestaban con afirmaciones un tanto increíbles como que "se cobrarán los 7.000 millones de euros que se pretenden recaudar. Y, si después se pierde en los tribunales, pues se devolverá el dinero a las empresas. Pero, más que probablemente, será en etapa de Gobierno del PP".
Traducido: el Gobierno sabe perfectamente que puede tener que devolver el dinero de los nuevos impuestos, pero el problema lo tendrá que resolver el siguiente Gobierno: con el dinero de todos los españoles, pero el siguiente Gobierno. Y eso, para Sánchez, significa que ya no es problema suyo.