Pedro Sánchez no solamente ha entrado en la esfera más privada de la población y de las empresas o negocios regulando o pidiendo temperaturas decretadas por él mismo para el aire acondicionado o la calefacción. Es que, además, ha utilizado su decreto de recortes energéticos para asestar golpes colaterales sin aparente sentido a determinados sectores. Entre ellos, a los autónomos que operan en el sector transporte, a los que culpa de la falta de aguante del sector.
El texto del Gobierno señala, de este modo, que ya "mediante el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva […] por la que se fijan normas específicas […] para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera […], se adoptaron una serie de medidas dirigidas a diversos ámbitos de los sectores productivos de este país". Entre ellas, añade el decreto, "debe destacarse la finalidad de reforzar la sostenibilidad del sector de transporte de mercancías por carretera".
Y es que, según el Gobierno, "son diversos los factores que han urgido a plantear medidas específicas de sostenibilidad del sector de transporte de mercancías por carretera en la presente legislatura, muy especialmente, desde el comienzo de la pandemia motivada por el SARS-CoV-2". Pero, para Sánchez, un factor cobra especial importancia: no es la escalada de precios de los carburantes; no son las continuas subidas de las cotizaciones sociales; ni las permanentes subidas de impuestos; ni la creciente burocracia y requisitos medioambientales, tanto europeos como españoles. No.
Según Sánchez, es "la estructural atomización del sector, integrado por empresas de reducido tamaño, el 53 por ciento de las empresas con vehículos pesados tienen un solo vehículo", lo que, según los equipos del presidente, "agrava las dificultades para adaptarse a los escenarios desfavorables, lo que exige una mayor intervención de los poderes públicos para garantizar el adecuado funcionamiento de una actividad que representa en torno al 2 por ciento del PIB".
La descalificación a los autónomos se acompaña de otras explicaciones que, eso sí, nunca son culpa del Gobierno: "Por otra parte, la invasión militar no provocada e injustificada de Ucrania por parte de Rusia el pasado 24 de febrero de 2022 ha sido condenada por el Consejo Europeo con la máxima firmeza en reiteradas ocasiones, al considerar que supone una grave violación del Derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas" y este "conflicto está socavando la seguridad y la estabilidad tanto a nivel europeo como a nivel mundial y su persistencia continúa generando importantes consecuencias en todos los órdenes". Entre ellos, en el económico y, en concreto, en el transporte por carretera.
"La incertidumbre ligada a la duración de la guerra agrava el contexto internacional y las excepcionales circunstancias sociales y económicas que se arrastran desde 2020 derivadas de la crisis sanitaria, el alza extraordinaria e inesperada de los precios de determinadas materias primas, bienes intermedios, energía y combustibles, la alta volatilidad de los precios de la electricidad y las dificultades de suministro de determinados productos y materiales esenciales. Todo ello está afectando también al conjunto de la economía española" y al transporte, obviamente.
Por todo ello, "el escenario económico en el que actualmente nos encontramos y la persistencia de las incertidumbres a escala internacional, continúa exigiendo la adopción urgente de medidas excepcionales a fin de garantizar la sostenibilidad en distintos ámbitos económicos y sociales". "Ello plantea la necesidad de adoptar un conjunto de medidas de diferente índole, todas ellas dirigidas bien a reducir la factura que los ciudadanos pagan como consecuencia de los incrementos en los costes ocasionados por las subidas producidas en los precios de las materias primas y especialmente de la energía, bien en la necesidad de promover, asegurar y hacer sostenible la prestación del servicio de transporte y otros sectores de actividad". Eso sí, por culpa de Putin y de los propios autónomos camioneros.
Hay que recordar que el Gobierno ya apartó y marginó a los pequeños transportistas en las negociaciones iniciales por el coste del carburante y sólo quiso negociar con las grandes empresas de la patronal. Ya en aquel momento, representantes del Gobierno deslizaron que el fraccionamiento del sector en pequeños transportistas era un problema y que preferían una concentración en grandes empresas del camión. Los pequeños, de hecho, fueron los que mantuvieron la huelga mientras las grandes aceptaban las ofertas del Gobierno.