El Gobierno presentó hace unos días el techo de gasto no financiero para 2023 y el
cuadro macroeconómico, previo al inicio de la elaboración del anteproyecto de ley de
los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El Gobierno se felicita de que el techo de gasto no financiero vuelve a marcar otro récord, con 198.221 millones de euros, con un crecimiento del 1,1% sobre el ya abultado gasto del año anterior, equivalente a 2.079 millones de euros. Es más, si se descuenta el gasto de los fondos europeos, el techo de gasto es de 173.065 millones de euros, un 1,9% y 3.278 millones de euros más que el ejercicio anterior.
Es decir, crece más el gasto que no cuenta con financiación europea, con lo que el desequilibrio es todavía mayor, ya que el financiado con fondos europeos es neutro desde el punto de vista del saldo presupuestario.
Es tal su obsesión por incrementar el gasto que desde 2019, año previo a la pandemia, lo ha aumentado en 48.001 millones de euros (comparado con el techo de gasto de 2023 que no incluye los fondos europeos, para que sea homogénea la comparación).
Todo ello, lo hace en el marco de la suspensión de las reglas fiscales un año más, que está constituyendo un elemento negativo para la disciplina presupuestaria en el caso de que los gobiernos nacionales, como el del presidente Sánchez, incrementen el gasto sin medida, que está aumentando peligrosamente la deuda y dificultando su sostenibilidad, además de provocar un encarecimiento de su financiación, tanto por la subida de tipos que afectará a las nuevas emisiones -deuda nueva y refinanciaciones- como por el mayor diferencial que habrá que pagar por el mayor riesgo que supone el país al estar más endeudado -y que ya está pagando-. Una vez más, Sánchez vuelve a confiar en la herramienta del Banco Central Europeo para mitigar este impacto, pero se olvida de que el BCE ha dejado claro que impondrá estrictas condiciones para su cobertura.
Toda esta equivocada política económica de Sánchez está agravando los desequilibrios de la economía española, con una inflación que sube hasta el 10,8% en julio, con la subyacente, que es más grave todavía, en el 6,1%.
En cuanto a las previsiones de crecimiento, siguen siendo irreales, por optimistas, con un 4,3% para 2022 y un 2,7% para 2023. El Gobierno dice que están en línea con la media de las previsiones de los organismos nacionales e internacionales, pero, en primer lugar, se encuentran en la parte alta de dichas previsiones y, en segundo lugar, obvia que la mayoría de dichas instituciones han afirmado que lo más probable es que en otoño vuelvan a revisarlas a la baja. Pese al rebote del IITR-2022 y, probablemente, del IIITR-2022, debido a la campaña de verano, el deterioro se va insertando en la economía española, con un final de año complicado y un 2023 aún más difícil.
El Gobierno se agarra a los datos de empleo, que, de seguir la actividad así, se deteriorarán en otoño, desgraciadamente. Se basan en la recuperación del turismo, pero es mera coyuntura, que empeorará a partir de septiembre. De hecho, el FMI afirma que el mayor crecimiento español este ejercicio se debe a dicha recuperación turística, pero después continuará siendo el país avanzado que más tarde recuperará los datos de actividad económica previa a la pandemia. También se agarra a ese mayor crecimiento momentáneo, pero se olvida de que la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la pérdida de competitividad de nuestra industria, impactarán muy negativamente en el futuro económico.
En definitiva, el Gobierno agrava los desequilibrios de la economía española al aplicar más gasto, más déficit, más deuda y más impuestos.