El Gobierno eleva el techo de gasto hasta un nuevo récord histórico por tercer año consecutivo. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes esa barrera máxima -y teórica- del gasto no financiero del Estado hasta la friolera de los 198.221 millones de euros, lo que supone incrementar este indicador en 2.079 millones de euros (un 1,1% más) respecto al ejercicio anterior (incluyendo los fondos europeos).
Fue en el año 2020 cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez disparó un 50% el techo de gasto con la excusa de la pandemia. Ahora, cuando el coronavirus apenas requiere desembolsos extraordinarios, el Gobierno está muy lejos de reducir el gasto del Estado.
Además, esta cuantía también incorpora las transferencias de los llamados gastos impropios de la Seguridad Social, una triquiñuela contable que finge reducir el déficit del sistema de pensiones, pero que consiste en cambiar unas partidas de una categoría a otra sin realizar ningún ajuste. En este caso, el ingreso de la Seguridad Social a los Presupuestos será de 19.888 millones de euros, un 8,1% más.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno todavía no tiene fijadas las partidas a las que irán destinados esos 2.079 millones de gasto extra. El techo de gasto es el paso previo a la elaboración de los PGE de 2023, las últimas cuentas públicas de esta legislatura y para las que el PSOE tendrá que conseguir el apoyo de Podemos.
Amenaza impositiva
Un año más, Hacienda tiene suspendidas las reglas fiscales, por lo que no habrá ni objetivos de deuda o déficit público, lo que supone obviar cualquier tipo de ortodoxia o responsabilidad en las cuentas del Estado. Aun así, la ministra de Hacienda se ha comprometido a mantener su previsión de déficit público, al augurar un agujero del 5% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia del 3,9% del PIB en 2023, la misma incluida en el Programa de Estabilidad 2022-2025 enviado en abril a Bruselas. La senda a medio plazo del Gobierno establece la reducción del déficit por debajo del 3% del PIB en 2025.
Hay que dejar claro que esta reducción del déficit sin reducir gasto solo puede llevarse a cabo por la vía de los impuestos. Así, Montero se encomienda a conseguir recaudación suficiente para cumplir sus cálculos gracias a subidas fiscales como las de los nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas, el aumento de la recaudación del Estado gracias a la inflación y a una dudosa previsión de crecimiento del PIB en 2022 del 4,3%.
Duro recorte a las previsiones de 2023
Y es que, el Gobierno ha mantenido su previsión de crecimiento de la economía española en el 4,3% para este año. Hay que recordar que al Ejecutivo de Sánchez no le quedó más remedio, el pasado mes de abril, que recortar la fantasiosa previsión del 7% que había estimado para 2022 hasta el 4,3% antes mencionado. Sin embargo, la mayoría de los organismos tampoco confían en la cifra gubernamental.
Por ejemplo, el Banco de España, la OCDE o S&P vaticinan un crecimiento para este año de apenas el 4,1%, mientras que la Comisión Europea de decanta por el 4%. De hecho, la desconfianza en el 4,3% de crecimiento que promete el Ejecutivo es tal, que mientras tenía lugar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el FMI recortaba también al 4% su pronóstico de crecimiento del PIB nacional en 2022.
Donde al Gobierno no le ha quedado más remedio que retractarse en sus cálculos es en lo relativo al crecimiento de España el año que viene. Así, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha recortado ocho décimas su estimación para 2023, hasta apenas el 2,7%. Así, no han pasado ni tres meses desde que el Ejecutivo mandará a Bruselas un fantasioso crecimiento del 3,5%. Con respecto a 2023, el FMI espera que España contabilice un crecimiento del 2%, lo que supone una abultada reducción de 1,3 puntos respecto a sus últimos pronósticos y también es menos optimista que el Ejecutivo.
Aunque el Gobierno no ofrece previsiones del índice de precios de consumo (IPC), sí lo hace del deflactor del consumo privado, un indicador similar al IPC que el Gobierno eleva al 7,8% para 2022 y al 2,9% para el próximo año. Por tanto, el Ejecutivo reconoce también que los precios continuarán desbocados.
