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Ribera impone su sectarismo a los consejeros socialistas y Madrid recurrirá al TC

Sólo las comunidades gobernadas por el PP han pedido la retirada del Real Decreto de Ribera. El Gobierno se niega porque "el decreto es el que es".

Sólo las comunidades gobernadas por el PP han pedido la retirada del Real Decreto de Ribera. El Gobierno se niega porque "el decreto es el que es".
EFE

Continúa abierta la polémica por el chapucero real decreto de medidas de ahorro energético que el Gobierno aprobó la semana pasada en consejo de ministros para despedir al presidente del Gobierno que arrancaba en ese momento sus vacaciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue la primera en contestar y en señalar que la Comunidad que preside no iba a acatar las medidas. Se tomó como una señal de insumisión, pero es que pronto apareció el primer punto de la polémica, el decreto invadía competencias autonómicas. Posteriormente el País Vasco también señaló que su gobierno tiene un propio plan de medidas de ahorro energético. A preguntas de Libertad Digital, el Ministerio de Transición Ecológica se ha negado a dar transparencia sobre los estudios o análisis que había detrás de estas medidas. Además, colectivos afectados por la medida, como los comerciantes, también se han puesto en pie de guerra.

Fue precisamente gracias a la presión ejercida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que el Ministerio de Transición Ecológica terminó citando este lunes a los consejeros implicados de cada comunidad autónoma a una reunión sectorial para analizar las medidas anunciadas.

En la reunión, por lo que ha podido saber Libertad Digital de fuentes internas, poco o nada se ha aclarado respecto a las dudas que despierta el decreto. La ministra Ribera, y también la titular de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, se han dedicado a defender las medidas y restar importancia a la polémica.

Según cuentan estas fuentes la vicepresidenta cuarta y ministra de transición ecológica Teresa Ribera ha mostrado su extrañeza por el debate que ha suscitado esta batería de medidas de las que sólo considera una novedad el apagado de escaparates.

De entre las comunidades autónomas, Madrid ha protagonizado la mayor oposición a las medidas y los reproches han ido desde la falta de acuerdo con los sectores hasta la invasión de competencias y la ausencia de un estudio sobre las consecuencias económicas del decreto.

Madrid recurrirá al TC

Ante la falta de rectificación del Gobierno, que mantiene la imposición de las medidas a los sectores afectados, los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, y el de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, han anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley de ahorro energético del Gobierno central, porque se están poniendo en cuestión competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto, las ligadas al comercio.

Lasquetty ha asegurado que les han dicho "que no se pueden hacer las cosas así, sin evaluar las consecuencias, sin evaluar la inseguridad que va a traer. Y eso, tratándose de un país tan turístico como España, es muy grave. No se puede tomar una medida así sin ver qué consecuencias tiene en términos de contracción económica, de reducción del tamaño de nuestra economía y, por tanto, de pérdida de empleos".

Por su parte, la consejera Paloma Martín ha asegurado que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el plan de ahorro energético, dada la "cerrazón" del Gobierno y su "no rectificación", porque la norma está "poniendo en cuestión" las competencias "propias" de la región.

"Acabamos de concluir la reunión con las ministras y no hay rectificación por parte del Gobierno. Mantienen la imposición de las medidas al comercio, al supermercado, al teatro o al cine, por citar algunos de los sectores más afectados", ha explicado Martín.

Precisamente sobre la falta de acuerdo con el comercio, desde la Comunidad de Madrid se ha recordado que el comercio minorista significa el 6% de nuestra economía y da trabajo a más de 1,8 millones de personas. Un comercio con el que tampoco se ha contado ni se le ha explicado por qué se le va a obligar a apagar sus comercios aunque sigan abiertos bajo amenaza de sanción que la CAM considera desproporcionada.

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, también citada a la reunión sectorial, lamentaba que "mañana por la noche los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España" y recordaba la sensación de inseguridad que eso iba a generar.

Desde las otras comunidades gobernadas por el PP, como Murcia o Andalucía han ido en la misma línea y todas han pedido que se retire el Real Decreto Ley.

Sin embargo, en el resto de autonomías el tono ha sido mucho más servil con el Gobierno. El País Vasco, por lo que nos cuentan estas fuentes, ha decidido claudicar y señalar que acatará el decreto. Por su parte, Valencia ha pedido flexibilidad ya que se encuentra en plena temporada alta turística. Aragón ha dicho que lo mismo y Canarias igual. Cataluña, directamente no se ha presentado.

Baleares ha decidido hacer de muleta del Gobierno no sólo señalando que acatarán laa medida, sino que ha cargado contra la CAM y ha defendido que "los turistas entienden fenomenal que se tomen estas medidas" y ha añadido que además "les va a encantar que se apaguen las luces".

Ribera: "El Decreto es el que es"

Tras la reunión de este lunes, la ministra Ribera ha comparecido ante los medios de comunicación para dar cuenta de lo sucedido en la Reunión. Ribera ha hecho gala de su sectarismo insistiendo en que las medidas aprobadas, así como el plan completo que se terminará de anunciar en septiembre, será necesario para plantar cara "al chantaje de Putin y mostrar nuestro compromiso con Ucrania". Sí, este es la gran aportación que se conseguirá, dice Ribera, poniendo el termostato a 27 grados en verano, a 19 en invierno y obligando a los comercios a apagar la luz a las 22:00 horas.

Fuentes conocedoras de lo sucedido en la reunión, destacan cómo tanto las ministras Ribera y Maroto han marcado el paso a los consejeros socialistas que han suscrito su argumento de que apagar los escaparates vaya a crear sensación de inseguridad o afectar al turismo. Un argumento que choca precisamente con las peticiones que han hecho comunidades como la Valenciana quien ha solicitado flexibilidad precisamente por encontrarse en temporada turística.

Sin embargo, y pese a las dudas expresadas por comunidades tan importantes como Madrid, Galicia, Andalucía o Castilla y León o Murcia, el Gobierno ha dicho que no moverá ni una coma del decreto: "Es el que es", dice Ribera.

A este respecto, Ribera se ha mostrado "contenta" y ha asegurado que el Gobierno recibirá propuestas de las comunidades autónomas hasta el 31 de agosto de cara a presentar el plan final de ahorro en Bruselas en septiembre.

La vicepresidenta ha asegurado además que la vocación del decreto no es sancionar y ha criticado en varias ocasiones los discursos contra el decreto por parte de distintos cargos del Partido Popular y, en concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes incluso de que se conociera el contenido del real decreto.

Sánchez carga contra el PP

En la misma línea se manifestó el presidente del Gobierno en rueda de prensa en Lanzarote, donde aseguró que el decretazo había sido consensuado previamente con las autonomías y los sectores privados, pese a las críticas recibidas incluso por parte de sus socios del PNV y ERC.

Pedro Sánchez se limitó a arremeter contra al PP, al que pidió "unidad, solidaridad y responsabilidad aunque sé que es predicar en el desierto. Con la pandemia, con la guerra, el PP siempre hace una oposición destructiva, negacionista".

"Una oposición que no piensa que necesitamos unidad" ante la guerra en Ucrania. "Las leyes se cumplen", repitió.

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