Pedro Sánchez lleva este jueves su real decreto de recortes energéticos al Congreso de los Diputados. Busca apoyos para convalidar un texto que se ha convertido en todo un alarde de recortes de luz, aire acondicionado y calefacción. Eso sí, el texto ha hecho caso omiso de todas las peticiones de la UE para ayudar a los hogares y las empresas a combatir el auge del precio. Esa parte de las peticiones europeas no han sido valoradas por sus equipos.
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 7 de abril de 2022 sobre las Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2022, pidió que se presentara un plan para seguir garantizando la seguridad del abastecimiento energético de la Unión a corto plazo. Y allí, se hizo referencia a la necesidad de adoptar medidas que mitigaran el precio de la energía.
El Consejo Europeo, en sus reuniones de los días 31 de mayo y 23 de junio de 2022, pidió igualmente a la Comisión que presentara propuestas para la mejora urgente de los preparativos ante posibles "perturbaciones importantes del suministro, a fin de garantizar el abastecimiento", pero hizo una aclaración importante, una vez más: el "abastecimiento" de energía era prioritario pero teniendo en cuenta que debía serlo "a precios asequibles".
Las dos reclamaciones no pedían mecanismos que relajaran levemente o de forma meramente estética el precio de la energía. No: pedían que la población y las empresas pudieran seguir contando con garantías de "energía a precios asequibles". Y nada de eso se ha plasmado en el real decreto que lleva Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados para ser convalidado.
El Consejo Europeo igualmente ha transmitido exigencias en este sentido en las últimas fechas. El Consejo ha "invitado a los Estados miembros y a la Comisión a continuar haciendo el mejor uso posible del conjunto de instrumentos pertinente, en particular el nuevo marco temporal sobre ayudas estatales en caso de crisis que será una excepción al statu quo limitada en el tiempo". El consejo ha aceptado, eso sí, que "tal y como propone la Comisión, la adopción de medidas fiscales temporales o intervenciones reguladoras sobre los beneficios imprevistos puede ser una fuente útil de financiación nacional", pero con un claro matiz diferenciador de la política de Pedro Sánchez: y es que los Gobierno debían dirigirse "a las partes interesadas en materia de energía" con el fin de debatir "si las opciones a corto plazo presentadas por la Comisión [ayuda directa a los consumidores mediante bonos, bonificaciones fiscales o mediante un «modelo de agregador/único comprador», ayudas estatales, fiscalidad (impuestos especiales e IVA), límites de precios, medidas reglamentarias como contratos por diferencia] podrían contribuir, y de qué manera, a reducir el precio del gas y a hacer frente al efecto de contagio en los mercados de la electricidad, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales".
Es decir, que la UE en bloque acepta medidas excepcionales, pero siempre dentro de un mecanismo claro de ayuda a los hogares y empresas más perjudicados por la situación actual de altos precios de la energía. Y Sánchez ha decidido obviar esas peticiones.
La Unión Europea igualmente ha reclamado eliminar de forma gradual, pero lo antes posible, su dependencia de las importaciones de gas, petróleo y carbón rusos, tal como se señala en la Declaración de Versalles. Algo que, de nuevo, Sánchez ha decidido excluir de sus planes.
"Por consiguiente, el Consejo Europeo espera con interés el ambicioso plan global elaborado por la Comisión en estrecha colaboración con los Estados miembros, que esta presentará a este efecto de aquí a finales de mayo de 2022. Se tendrán en cuenta las circunstancias nacionales y la combinación energética de los Estados miembros", señaló recientemente el Consejo en referencia, precisamente, al recorte de la compra de gas ruso. La respuesta de Sánchez en junio es ya conocida: disparar por cuatro la compra interanual de gas a Putin y convertir a Rusia en el segundo proveedor nacional de gas natural.
El Consejo fue a más y señaló que "la persistencia de los elevados precios de la energía repercute de forma cada vez más negativa en los ciudadanos y en las empresas, situación que se ve agravada, además, por la agresión militar rusa contra Ucrania. El Consejo Europeo ha debatido cómo seguir proporcionando asistencia a los consumidores más vulnerables y cómo apoyar a las empresas europeas a corto plazo". Un mensaje que ha recordado de forma reiterada, pese a la negativa a escuchar de Gobiernos como el español.
Por último, el Consejo Europeo ha pedido en los últimos meses que "se imprima impulso a los trabajos sobre la aplicación de la Declaración de Versalles relativos a la construcción de una base económica más abierta y sólida y, en particular, mediante la reducción de nuestra dependencia estratégica en los sectores más críticos, como las materias primas fundamentales, los semiconductores, la sanidad, el ámbito digital y los alimentos, y mediante la aplicación de una política comercial ambiciosa y firme, además del fomento de la inversión". Y la respuesta de Pedro Sánchez ha sido una batería de medidas que ha puesto en pie de guerra al sector energético hasta el punto de que muchas de sus nuevas inversiones se están produciendo fuera de España.