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El muy ecologista Sánchez lo borda: subvenciona el carbón y deja sin apoyo a las centrales de gas de la industria

El decreto del tope del precio del gas deja fuera de las ayudas a 600 plantas de la industria cogeneradora española.

El decreto del tope del precio del gas deja fuera de las ayudas a 600 plantas de la industria cogeneradora española.
Vacas pastando junto a la central de ciclo combinado de Soto de Ribera. | EFE

Pedro Sánchez es el máximo defensor de la Agenda 2030. Pero su nuevo decreto energético ha incluido un nuevo apartado inexplicable. Mientras alardea de apoyar a la energía eólica y solar para descarbonizar el planeta, ha incluido entre las energías con apoyo público el carbón y ha sacado de las subvenciones al gas natural empleado en las centrales de cogeneración creadas por las propias industrias para reducir su demanda del sistema general de energía.

El punto que ha terminado de desconcertar a la industria se encuentra en el artículo 2 del famoso Real Decreto-ley 10/2022 por el que "se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista". Se trata del famoso decreto que ha regulado un sistema de tope del precio del gas empleado para generar electricidad y otra serie de medidas de supuesta ayuda energética. Ese tope, por cierto, es el mismo que luego acaban pagando los consumidores en el recibo de la luz por medio de un nuevo coste normativo denominado "compensación" por el tope del gas.

El artículo 2.1 b) del decreto en cuestión señala lo siguiente: "Ámbito de aplicación. 1. El mecanismo de ajuste de los costes de producción de energía eléctrica regulado en este real decreto-ley será de aplicación a las siguientes instalaciones de producción en territorio peninsular que estén dadas de alta en el mercado en el día en que se produce la casación del mercado diario: […] b) Instalaciones de producción correspondientes a tecnologías de generación convencional que utilicen carbón como combustible". Es decir, que el carbón se beneficia del "mecanismo de ajuste de los costes de producción de energía eléctrica".

La cuestión es llamativa en un Gobierno muy verde, pero lógica. Eso sí, lógica para cualquiera que no sea un ecologista ultra y prefiera el bienestar de los ciudadanos (aprovechando todas las fuentes de energía), al cumplimiento dogmático de la agenda 2030, declaradamente anticarbón. De hecho, los ecologistas se refieren de forma genérica al proceso de implantación de energías verdes como proceso de descarbonización.

Pero incluso esa posibilidad de entendimiento lógico se rompe en el siguiente apartado del mismo artículo 2. Porque el punto 1 c) excluye a las centrales de cogeneración de la industria de las ayudas. Lo hace afirmando que sólo quedan dentro de estas ayudas las siguientes instalaciones de cogeneración: "Instalaciones de producción de energía eléctrica pertenecientes al grupo a.1 del artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y las acogidas a la disposición transitoria primera del mismo que hubieran estado acogidas a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, siempre que estas no cuenten con ningún marco retributivo de los regulados en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como las instalaciones de cogeneración que utilicen gas natural como energía primaria y que estén acogidas a la modalidad general de régimen remuneratorio, en los términos previsto en el artículo 4.º-B del Decreto-Ley n.º 23/2010, de 25 de marzo ("Diário da República" n.º 59/2010, Série I, de 25 de marzo de 2010)".

Quedan fuera las centrales de cogeneración con gas

El trabalenguas jurídico esconde una cuestión: que quedan fuera de las ayudas las centrales de cogeneración que emplean gas natural y que fueron diseñadas hace tiempo como parte necesaria de infinidad de industrias. Una parte, por cierto, imprescindible para garantizar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. Es decir, que al quitarles la viabilidad a la central de cogeneración, se puede estar condenando al cierre a la industria.

Se trata de nada menos que 600 plantas que forman parte de la industria cogeneradora española. Y la casuística afecta a todo tipo de fábricas cerámicas, de alimentación, químicas o papeleras, que son grandes consumidoras de energía y que albergan en sus instalaciones pequeñas centrales productoras de luz y calor para disminuir el coste de sus inmensas facturas energéticas. Esa energía la usan para tratar los alimentos o secar el papel o las planchas de los azulejos que comercializan después. E incluso la venden a terceros si la generación es superavitaria.

Pero, ahora, todas ellas se han quedado fuera del nuevo paquete de ayudas. Mientras, el carbón sí entra. Y todo ello, patrocinado por un Gobierno que dice estar "descarbonizando" la economía.

Y es que, la fórmula que ha elaborado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para implantar la polémica excepción ibérica "está paralizando dos de cada tres de estas pequeñas centrales, lo que puede derivar en la detención de la planta completa, como ya está sucediendo en algunos sectores como el ladrillo o el orujo" tal y como ha denunciado ya el presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez, en Libre Mercado.

Porque el Gobierno no reconoce la misma compensación por el tope del precio del gas a la cogeneración que a los ciclos combinados (grandes centrales independientes que transforman la energía sólo en luz), "lo que supone una clara discriminación respecto a nuestro principal competidor" sentencia Rodríguez.

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