A pesar de que el precio del gas lleva más de un año anotándose récords históricos y copando los titulares de la prensa, no ha sido hasta ahora cuando el Gobierno social-comunista se ha dignado mover un dedo para intentar abaratarlo. Teniendo en cuenta las desorbitadas facturas que llevan sufriendo consumidores y empresas por la escalada de este producto básico, la tardanza del Pedro Sánchez en decidirse a bajar el IVA del gas resulta tan ofensiva como populista.
Mientras la patronal del gas, los economistas, la oposición y este periódico -en particular- demandaban al Ejecutivo un rebaja, cada vez que se les presentaba ocasión, sin vergüenza, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se aferraba a la patraña de que Bruselas le impedía tocar su fiscalidad. Al igual que sucediera con las mascarillas o con el IVA de la luz, no tardó en descubrirse el fraude de la voraz ministra socialista.
Porque la verdadera realidad es que Hacienda lleva todo este tiempo llenando sus arcas con el IVA del gas gracias a la subida de su precio y asfixiando a los consumidores en momentos especialmente difíciles para ellos. Por tanto, nos encontramos ante un negocio redondo para la propaganda sanchista porque la bajada del 21% al 5% del abusivo IVA del gas no sólo es tardía, sino que también será fugaz: va a durar apenas tres meses.
Según alardeó Sánchez, el objetivo de la medida es "proteger a la clase media trabajadora ahora que vamos a entrar en el otoño y en el invierno". Sin embargo, esa supuesta protección no durará mucho porque sólo estará en vigor durante poco más de una semana del invierno, ya que la estación más fría del año empieza el 21 de diciembre y la rebaja del IVA expirará el 31 de diciembre. No podría ser más insuficiente.
Hacienda lamenta que durante estos escasos tres meses va a dejar de recaudar casi 200 millones de euros por el IVA del gas, pero lo que oculta a conciencia Montero es que, si hubiera ejecutado esa rebaja hace un año -y teniendo en cuenta esa misma cifra de recaudación-, los españoles podrían haberse ahorrado 800 millones y no los 200 que ahora prometen. Además del IVA, el gas está gravado con el Impuesto Especial de Hidrocarburos y, por supuesto, el extractivo Gobierno de Sánchez no piensa tocarlo.
Lo que tampoco piensa el Ejecutivo rectificar es el despropósito energético que está perpetrando junto a Bruselas a través de intervenciones absurdas y golpes a la libertad de mercado, que reducen la innovación, la competencia y, por ende, las posibilidades de conseguir una energía barata y limpia.
Urge acometer una reforma en profundidad del sistema y liberalizarlo por completo para que el precio del gas no dependa de países productores de nula legitimidad ni se vea letalmente afectado por trabas climáticas, impuestos desorbitados y subvenciones injustas e inmorales. Así, serán los clientes los que decidan en buena medida qué tipo de energía quieren consumir y qué precio están dispuestos a pagar por ella.