Hasta 50 plantas fotovoltaicas cubrirán los campos que rodean el Mar Menor. En total, 1000 hectáreas para filtrar las 3.000 horas de sol de la Región de Murcia que son oro para las empresas del sector que están alquilando y comprando a los agricultores sus terrenos.
Antonio, ha rechazado en la misma semana dos ofertas bastante tentadoras a pesar de que "ahora mismo se está llegando a pagar más de 3.000 euros por hectárea de terreno". Una cifra que, reconoce, no gana "ni de lejos con el aumento de costes" que les obliga a vender a pérdidas a pesar de la Ley de Cadena Alimentaria que prometía protegerles, y por el aumento de los controles medioambientales a raíz de la crisis del Mar Menor.
Ahora deben afrontar inspecciones y fuertes inversiones: "Pago a un operador medioambiental para que haga informes sobre los niveles de fertilizantes en mis riegos al que pago 200 euros y he gastado más de 2.000 en aparatos para medir la humedad y los tóxicos de mis fertilizantes", explica Antonio.
Ramón coincide en denunciar la dureza con la que las administraciones tratan a los agricultores y la permisividad que tienen, por contra, con las empresas fotovoltaicas a las que "no se exige ningún tipo de informe de impacto medioambiental", incumpliendo, precisamente, la misma Ley de Protección del Mar Menor que acaban de aprobar.
"A mí me obligan a construir una balsa para que los vertidos y los fosfatos no se viertan en el mar pero a estas empresas, que por donde pasan deja de crecer la hierba, no se les exige ningún estudio de impacto medioambiental cuando precisamente, esa falta de freno natural hace que las lluvias arrastren los fosfatos directamente a la laguna"
La especulación verde
"Se están cargando el paisaje, la fauna y la flora cuando el Mar Menor ya tiene bastante", nos dice Pedro, ingeniero agrónomo y agricultor en la zona. Y lo hacen a través de una red de comerciales que tocan las puertas de los agricultores con el objetivo de comprar el terreno y alquilarlo después a empresas fotovoltaicas que instalen las placas durante el periodo que dura su vida útil: Entre 25 y 30 años. A su vez, estas empresas alquilarán la tierra a un tercero que se dedique a explotarla. "La ley les protege cuando a nadie se nos permite subarrendar una vivienda o un terreno", señala este agricultor.
Él lo sabe bien porque también ha tenido una oferta sobre la mesa. La misma, que los propietarios de los terrenos colindantes con los que la comercializadora pretendía reunir 600 hectáreas.
Antonio sí ha aceptado. Su nombre es ficticio porque no quiere que sus vecinos se enteren: "Aquí se está poniendo todo muy tenso", nos dice. Una decisión que ha tomado "por supervivencia" y a sabiendas de que al entregar las tierras de la familia, romperá con varias generaciones de agricultores. "Ahora mismo por plantar patatas gano, si todo va bien, 400 euros por hectárea y por sembrar placas solares voy a ganar 3.500. Dime tú. Con un contrato a 25 años, dentro de tres, con 53, me jubilo".
En un año ganará "casi lo mismo que paga ahora mismo entre gasoil, luz, agua o abono". Pero también hay letra pequeña. En el contrato que él ha firmado se entrega un 30% del precio pactado ahora y se le permite seguir explotando la tierra durante tres años, hasta que empiece la instalación de los paneles. Entonces, si todo va bien y el proyecto sale adelante, se le abonará el resto.
¿Quién quita luego la chatarra?
"Lo que no dicen estas empresas – cuenta Ramón – es quién les va a retirar luego toda esa chatarra de las tierras". En total, millones de toneladas en desechos para los que todavía no hay un sistema eficiente de reciclaje que requiere separar el plástico, del vidrio y de los polímeros; la principal dificultad de un proceso que a día de hoy cuesta más que producir un panel nuevo y que todavía está en fase experimental.
Desde Coag Cargagena, denuncian que la superficie cultivada en la zona ya se ha reducido en estos meses en unas 100 hectáreas y la situación está provocando que "las industrias punteras en la producción de fruta y hortalizas en la región, estén buscando ya terrenos fuera"
Una situación que irá a más. En estos momentos, la Consejería de Empresa está tramitando 45 solicitudes para instalar huertos solares y el Ministerio de Industria está haciendo lo propio con una instalación mayor.