El pasado 24 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética dirigido a la Administración General del Estado y a las entidades del sector público estatal que se está implantando poco y mal, generando malestar entre los trabajadores.
El objetivo de la iniciativa -recoge la orden PCM/466/2022, de 25 de mayo- es el de "racionalizar el uso de los edificios e instalaciones administrativas, así como el establecimiento de formas de organización del trabajo de los empleados públicos que redunden en ese ahorro energético". Pero ni una cosa ni la otra.
El plan hace aguas desde el principio. Lo primero que llama la atención es que los ministerios que lo han promovido, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y el de Hacienda y Función Pública, se encuentren precisamente entre los que apenas han implantado las medidas que recoge, cuatro meses después.
Es así, entre otras cosas, porque "no cuentan con el respaldo de los jefes", "no se aclaran" y "no hacen más que poner parches", argumentan trabajadores de distintos ministerios con los que ha podido hablar LM. De hecho, desde el departamento que dirige María Jesús Montero nos aseguran que la implantación del plan es "cero patatero". Y desde el que encabeza Teresa Ribera nos dicen que "todavía no sabe cómo se va a aplicar".
¿Qué pasa con el teletrabajo?
Como recoge la propia orden, cada ministerio, delegación del gobierno, o subdirección general, deberá determinar su propio plan de trabajo a distancia. De manera que -en la práctica- hay una total desigualdad en la ejecución de las medidas. Y es que el teletrabajo es un escollo dentro la administración incluso antes de la crisis energética.
"Se comprometieron a sacar un real decreto que lo regulara, pero no lo han hecho. Y, con la excusa del ahorro energético, lo han metido. Pero es un parche", asevera un funcionario del Ministerio de Agricultura. "El real decreto no lo quieren sacar porque nos tendrían que compensar".
La cartera de Luis Planas ha sido una de las más adelantadas en implementar el teletrabajo. El 1 de septiembre de 2022 entró en vigor la resolución de la subsecretaría de agricultura, pesca y alimentación por la se establece el plan de trabajo a distancia. Así que desde ese día los empleados pueden determinar con sus superiores sus condiciones concretas, en función de los parámetros establecidos para su unidad.
En términos generales los trabajadores están contentos con la implantación del trabajo a distancia pero como medida de conciliación familiar, y siempre que sea de forma voluntaria. "Lo que nos molesta es que sea por la eficiencia energética y no para establecer un plan de teletrabajo que modernice la administración", asevera uno de ellos.
¿Y la eficiencia?
En cuestión de eficiencia energética el departamento de Planas no es tan ejemplar, ya que el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene abiertas cuatro sedes más las que corresponden a organismos autónomos, como las de FEGA y AICA. "Es el momento de optimizar recursos y cerrar o actualizar instalaciones obsoletas", sentencia un funcionario.
"Lo eficiente sería que nos reagruparan. También se podría mejorar el uso de los despachos, el aislamiento o las instalaciones...", añade. Varios trabajadores insisten en la necesidad de aprovechar mejor los espacios. "Podrían cerrar algunos edificios, incluso venderlos", comenta uno de ellos, "en mi sede hay sitio para más gente". "Podríamos estar más compañeros y más juntos, sería una forma de ahorrar en energía verdaderamente".
"Por mucho que nos manden a teletrabajar, no sirve para nada", sentencia. "Las sedes no son eficientes, la organización del trabajo no es eficiente y el gasto lo haremos nosotros, en nuestras casas", vaticina. "Va a ahorrar el Estado pero vamos a gastar los contribuyentes, ¿dónde está el ahorro?", se pregunta. Eso es lo que -nos cuenta- se comenta en su unidad, entre compañeros.
Instalaciones obsoletas
Según denuncian, la mayoría de las instalaciones del ministerio no se han actualizado como cabría esperar. "Aún tenemos halógenos antiguos, por ejemplo". Declaraciones que contrastan con algunas de las frases que recoge la orden ministerial, como que "desde 2021 la Administración General del Estado está abordando un ejercicio de mejora energética sin precedentes", o que "el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está movilizando un presupuesto de más de 1.070 millones de euros (...), a través de un Plan de Transición Energética en la AGE, que actúa sobre sus edificios, infraestructuras consumidoras de energía y su movilidad".
Lo cierto es que en ministerios como el de Transportes, al plan anunciado por el Gobierno ni se le ve ni se le espera. Ni rastro de las medidas, "más allá de la instalación de algún sensor de proximidad en los pasillos o el cambio de los ordenadores de mesa por portátiles en algunos puestos". De teletrabajo, ni hablar de momento. De hecho, nos cuentan, "los jefes no están por la labor". En conclusión, considera uno de los funcionarios, "mucho ruido y pocas nueces".