Tras el lamentable espectáculo de los últimos días, el gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante su plan de ahorro energético con el apoyo de los partidos separatistas que ha venido apuntalando al Ejecutivo de coalición conformado por PSOE y Podemos. Las medidas anunciadas por Moncloa han recibido respaldadas por 187 diputados, frente a 161 que rechazaron la propuesta.
En clave energética, al sanchismo le gusta cultivar la idea de que el suyo es un gobierno verde. Sin embargo, no ha tenido reparos a la hora de ignorar los fallos de decenas de arbitrajes internacionales que instan al gobierno a cumplir los pagos prometidos a quienes invirtieron en el sector de las renovables. A raíz de estos lamentables impagos, el crecimiento de dicha fuente de energía se ha estancado y, de hecho, avanza cuatro veces por debajo del promedio europeo. No es de extrañar, además, que la inversión foránea se haya desplomado, a raíz de la inseguridad jurídica que se ha generado.
La nuclear lidia con un panorama aún más sombrío, puesto que el Ejecutivo se opone frontalmente a su desarrollo, obviando incluso la decisión de la Comisión que luego ratificó el Parlamento Europeo y que ha catalogado esta fuente de energía como una tecnología "verde" plenamente coherente con los estándares comunitarios en materia de reducción de emisiones, eficiencia energética, seguridad de suministro y ahorro de costes. Mientras que muchos otros países avanzan en el despliegue de las nuevas tecnologías de generación nuclear, Sánchez y sus socios siguen instalados en un rechazo dogmático que solo contribuirá a empobrecer más aún el mix energético nacional.
Partiendo de dos pilares tan endebles, la estrategia energética del gobierno estaba indudablemente condenada al fracaso. Si se ahuyenta la inversión en renovables y se abandona la capacidad nuclear del país, el impacto de una crisis como la que está viviendo Europa no podía ser otro que el que estamos viendo, con la luz situándose hasta diez veces por encima de los precios habituales.
Es en este contexto en el que el gobierno se ha lanzado a desarrollar un plan de ahorro energético que se diferencia del resto de Europa por su naturaleza coercitiva e intervencionista. Mientras que otros países comunitarios emiten recomendaciones y limitan las restricciones al sector público, Sánchez instaura un durísimo régimen de control y mando aplicable a los negocios. Desde el Ejecutivo celebran que se ha producido una caída del 9% en el consumo eléctrico, como si una batería de prohibiciones pudiese dar otro resultado. El problema no es que se consuma menos a base de limitar legalmente todo tipo de aspectos, incluido el aire acondicionado de los comercios, sino que hemos dado por bueno que nuestra estrategia energética puede limitarse a eso: imponer una batería de prohibiciones y cultivar un modelo energético en el cual no hay margen alguno para generar mejoras que nos permitan hacer más con menos.
Resulta lamentable que el gobierno haya improvisado su plan de ahorro como la ha hecho. Lo presentó de la noche a la mañana, generando un conflicto con las comunidades autónomas y desoyendo las advertencias de numerosos sectores empresariales que ya están sufriendo las consecuencias. Después quiso forzar al Partido Popular a respaldar la medida mientras tildó a la bancada que lidera Alberto Núñez Feijóo de ser "la derecha más rancia de Europa". Y finalmente tensó la cuerda con sus propios socios de investidura.
El resultado de todo este proceso no soluciona ninguno de los problemas de fondo del sector energético, que lidia con una fiscalidad abiertamente confiscatoria y con un paradigma regulatorio absolutamente desquiciante. Peor aún: el próximo septiembre se anuncia la introducción de una nueva serie de medidas de ahorro energético, de modo que estamos a las puertas de una nueva ceremonia de la confusión, que sin duda llegará trufada de más intervencionismo y malas ideas.