Lo de Australia sonó rarísimo. Tanto, que el propio ministro reconoció que era "un poco marciano". Porque los medios estamos acostumbrados al cherry picking entre los políticos: esa costumbre de ir seleccionando sólo los ejemplos que les interesan. Algo que, hay que reconocer, los medios también practicamos a menudo. Pero hacerse más de 17.000 kilómetros (la distancia que separa, según Google Maps, Madrid de Camberra) para meterse con los rivales políticos no es tan común.
Fue el martes, en las declaraciones de un miembro del Gobierno de las que más se ha hablado esta semana (al menos hasta que Irene Montero se puso a explicar qué pensaba de las relaciones sexuales entre niños y adultos). José Luis Escrivá propuso recentralizar las competencias fiscales (¿todas? ¿también los conciertos vasco y navarro?) como respuesta a la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir en aquella región el Impuesto de Patrimonio. Y lo hizo así:
Me parece un despropósito que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras. Las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es dedicarse a mejorar la provisión de servicios en Sanidad, en Educación... Esto de la competencia fiscal entre ellas es un asunto que jamás he entendido. Yo siempre he dicho que el modelo al que hay que ir es el modelo australiano, perdone si suena un poco marciano. Es otro país en el que, como en España, sanidad y educación se deciden a nivel de las regiones, pero se asigna [el dinero que recibe cada región] en función del gasto efectivo, tras una normalización de cuál debe ser el gasto per cápita en cada uno de los servicios públicos. Éste es un debate fundamentalmente técnico, no político.
Que un ministro del Gobierno ponga estos argumentos sobre la mesa es un aviso a navegantes. Descentralización, sí. Incluso semi-independencia en la práctica para las regiones en cuestiones como la política educativa, también para saltarse las sentencias del Tribunal Supremo. Pero si esa libertad normativa permite que unas bajen impuestos más de lo que le gusta al PSOE... entonces algo hay que hacer. Incluso si tenemos que irnos a Melbourne o Sydney para justificar ese algo.
Ante este debate, hay varias preguntas interesantes que podrían plantearse:
- ¿Es España una excepción en cuanto a descentralización fiscal?
No. Es verdad que es uno de los países europeos en el que las regiones cobran un porcentaje más elevado de los impuestos, pero ni mucho menos supone una anomalía. Como vemos en el siguiente gráfico, con datos de Eurostat, países como Alemania o Suiza tienen modelos con más autonomía-competencia fiscal.
Podríamos discutir mucho sobre cómo hacer la clasificación. Eurostat subdivide entre cuatro categorías: Gobierno Central - Regional - Municipal - Seguridad Social. Nosotros hemos agrupado el porcentaje de los ingresos tributarios que recaudan el Gobierno central y la Seguridad Social por un lado, frente a los que tienen las subdivisiones administrativas territoriales.
Y lo que vemos es que España no es un caso aislado. De hecho, si miramos a los países europeos que sirven más a menudo como referencia, casi diríamos que estamos en la parte baja de descentralización y competencia tributaria. Desde luego, se pueden introducir muchos matices: por ejemplo, en los nórdicos no hay regiones y el peso de los tributos que no recauda el Gobierno central lo acaparan los municipios. En este sentido, es importante tener en cuenta el matiz del tamaño a la hora de analizar la subdivisión administrativa. Porque un país de 5-7 millones de habitantes (como Noruega o Dinamarca), ya tiene la misma población que Andalucía o Madrid. Con esos países, para comparar, lo que deberíamos analizar es su descentralización a nivel municipal.
Si vamos a países con un tamaño más parecido a España, lo que vemos es que entre los países avanzados (y no pensamos sólo en los europeos) de más de 15-20 millones de habitantes, es más habitual el modelo descentralizado (tanto en el gasto como en los ingresos) que el que plantea el ministro de Seguridad Social.
Esto ni siquiera es un argumento a favor o en contra. Pudiera ser que fuera mejor el modelo australiano (o el francés, todavía más centralizado) aunque no sea el más habitual. Pero no insinuemos que el hecho de que las regiones compitan fiscalmente entre sí es una anomalía o algo que se sale de la norma.
- ¿Libertad en el gasto pero no en los ingresos?
Es la segunda parte, bastante extraña también, del argumento de Escrivá. Y es rara por dos cuestiones. La primera es que el modelo que describe ya es muy parecido al que tenemos en España. Las regiones no tienen competencias plenas ni siquiera en los tributos que recaudan. Hay bastantes limitaciones a lo que pueden hacer o no. Pero es que, además, el modelo de reparto de los ingresos de la financiación autonómica de las comunidades del régimen general es casi calcado a la explicación del ministro: una caja común a la que se destinan los ingresos de todas las regiones y que luego se reparte en función de criterios poblacionales ajustados.
El segundo motivo de extrañeza es que si hay algo que se ha criticado del modelo español en los últimos años ha sido precisamente esto, que no hubiera correlación entre gastos e ingresos. Una anomalía que ha convertido a las regiones en un ente administrativo que gasta lo que otros recaudan, lo que genera unos incentivos perversos: el gobierno regional de turno se pone la medalla en cada obra que inaugura o subvención que concede, mientras que se señala al ejecutivo central como culpable en todo lo que tiene que ver con los impuestos.
Para resolver este esquema hay dos soluciones: (i) centralizarlo todo y que desde La Moncloa se decida tanto el nivel de impuestos cómo la forma de gastarlos; (ii) hacer un sistema de financiación autonómica más sencillo, en el que las regiones recaudan lo que luego gastarán, quizás con una pequeña parte de reparto de solidaridad para las regiones más pobres o con menos densidad de población. También está la solución Escrivá: dar todavía más libertad por la parte del gasto a las autonomías liberándolas por completo de las obligaciones tributarias. A primera vista, suena a que generaría más disfunciones, incluso, que el actual modelo. Todo podría discutirse: eso sí, tras explicar bien por qué y cómo se haría.
- ¿Hay algún tipo de criterio objetivo de reparto que pudiera servirnos de guía?
No. Y no lo puede haber.
Ésta es quizás la parte más peligrosa del discurso del ministro. Esa idea de que al final esto es una discusión técnica. El Gobierno pondría los impuestos y luego se haría un reparto en función de unos criterios fríos, asépticos, objetivos, neutrales y no sujetos a discusión o debate.
No es verdad y no hay más que ver lo que ocurre cada vez que se abre el melón de la financiación autonómica. Pocas cuestiones generan más enfrentamientos que este tema. Hay regiones que piden que se prime la dispersión de población (porque puede ser más caro un hospital en una comarca rural, que da servicio a 100.000 personas; que uno en Madrid que, quizás con un presupuesto similar o incluso más bajo, atiende a medio millón) otros se fijan en ingresos (porque las regiones más pobres pueden necesitar más servicios públicos); y los hay que piden que determinadas características de su población (edad, situaciones de dependencia, tasa de empleo...) se tengan en cuenta. Por último, siempre está el criterio de población sin más ajustes: se financia en función de los habitantes que tenga cada región y se dejan al margen las demás variables. Cualquiera de estas soluciones tiene sus pros y contras. Por eso es muy cuestionable intentar que cuele la idea de que un modelo como el que propone Escrivá sería menos polémico o generaría menos agravios entre regiones.
En Libre Mercado, nuestra apuesta es que, si se mantiene un modelo de descentralización como el actual con comunidades autónomas, habría que incentivar todavía más la competencia entre regiones. Los que quieran un modelo más socialdemócrata deben convencer a sus ciudadanos de que estarán mejor con más impuestos y (en teoría) servicios públicos más generosos; enfrente, los que quieran bajar impuestos deberán justificar los recortes de gasto equivalentes. Esto podría tener un pero: que los que bajan impuestos disparen una deuda pública que está avalada, en cierto sentido, por el Estado. Pero justo ahí, Madrid lleva años siendo una de las regiones con unas finanzas más saneadas, por lo que no hay tampoco mucho que echarle en cara por ese lado.
Pero que ésta sea nuestra apuesta no quiere decir que sea la única. Y, desde luego, no intentaremos convencer a nadie de que esta discusión está zanjada o de que nuestras recetas son técnicas y no políticas. Hay ideología en lo que planteamos como la hay en lo que plantea el ministro Escrivá. La pregunta es si tenía que irse al otro lado del mundo para defenderlo o si es que no encontró argumentos más o mano.