El Gobierno está utilizando la crisis económica actual para justificar todo tipo de subidas fiscales a los colectivos y sectores que considera oportunos. Las últimas damnificadas van a ser las grandes fortunas del país a las que les está a punto de caer un sablazo "temporal" por parte de Hacienda con claros visos de convertirse en indefinido.
"Las circunstancias han cambiado" justifica la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Hay que "pedir un mayor esfuerzo" a quienes tienen beneficios extraordinarios, como las energéticas, la banca y ahora, "las mayores rentas" señala la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, la excepcionalidad actual le está sirviendo al Ejecutivo de perfecta excusa para llevar a cabo una medida que llevaba mucho tiempo maquinando: la firmó en 2019.
Hace tres años, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron el programa de Coalición Progresista, el documento que ha estado rigiendo el gobierno que todavía forman hoy PSOE y Podemos desde entonces. Este texto incluía un mazazo impositivo sin parangón, un disparatado aumento del gasto público y una lista infinita de medidas intervencionistas y muy perjudiciales para la salud de la economía.
Dentro de las medidas fiscales, PSOE y Podemos acordaron disparar los impuestos de todo lo que sonara a riqueza. Y aquí entraban en juego las grandes fortunas. "Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo" rezaba el documento, lo que pone de manifiesto que acorralar a los más pudientes del país siempre ha formado parte de los planes de socialistas y comunistas.
Desde entonces, han sido muchas las propuestas que han girado en torno a cómo desarrollar estas dos escuetas líneas del programa del Gobierno de Coalición para que las grandes fortunas paguen más. En Podemos usaron la pandemia como excusa para intentar implantar una "tasa de reconstrucción" o "tasa covid" que costearían los más ricos del país y que se sumaría a los impuestos vigentes. No duraron en dar detalles en hacer números.
Al PSOE no le convenció la idea, pero no porque los socialistas hubieran decidido dejar intacta la fiscalidad a los ricos, sino porque preferían centrarse en subir otro impuesto para llevar a cabo la estocada a las grandes fortunas: Patrimonio. Precisamente, donde más se estaba esforzando María Jesús Montero era en la armonización de los impuestos autonómicos -como Patrimonio-, la espina que tiene clavada la ministra desde que fuera consejera de Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz. Así lo reconoció ella misma ya en 2021 y así se lo avanzó a Bruselas.
Aunque el Gobierno ya elevó el Impuesto de Patrimonio el pasado año, al ser un tributo cedido a las CCAA, regiones como Madrid han seguido sin cobrar nada a sus ciudadanos por este concepto. Ahora, lo fulminarán también Andalucía y Murcia sin que el Gobierno haya armado el camino jurídico para despojar a las CCAA de este derecho que les otorga la Ley de Financiación Autonómica.
Ante las bajadas de impuestos de Andalucía y Murcia y por las dificultades que supondrá la armonización, Hacienda se ha decidido ahora a aplicar un impuesto a "las grandes fortunas" cuando hace unos meses se lo volvía a rechazar a Podemos, pero no porque los socialistas no quieran gravar a los ricos, sino porque querían hacerlo por la vía de Patrimonio. Ahora, el Gobierno estudia la fórmula para aplicar el sablazo sobre el que lleva años trabajando.
Según las estadísticas del Impuesto de Patrimonio para el año 2020, en España hay poco más de 8.000 personas con patrimonio de más de 6 millones de euros y 58.612 contribuyentes con patrimonios entre 1,5 y 6 millones. Ahora mismo, son los que están en la diana del Gobierno.
