María Jesús Montero anunció el pasado mes de marzo que el gobierno de España "no va a plantear ninguna subida fiscal". La titular del ministerio de Hacienda admitía entonces que el Ejecutivo planteaba un aumento de la recaudación de hasta 40.000 millones de euros, pero afirmaba a renglón seguido que "se trata de una propuesta a largo plazo".
La dirigente socialista afirmaba que "no es justamente el actual un momento en que se deba aplicar de manera inmediata ninguna subida fiscal. Quiero plantearlo con toda la honestidad, para que se comprenda el contexto en el que nos desarrollamos. Podemos pensar en el medio plazo qué medidas requiere nuestro sistema tributario, pero tenemos que adaptarnos a las circunstancias que vivimos como país".
Montero venía de encargar un libro blanco de propuestas fiscales a un comité que nunca pudo operar con independencia, puesto que el encargo del ministerio exigía que las propuestas reflejadas en el documento final fuesen siempre y en todo caso tendentes a subir los impuestos. De hecho, algunos de los expertos reclutados por Hacienda abandonaron el grupo de trabajo, denunciando la falta de rigor del proceso.
Con el informe en sus manos, la responsable de Hacienda se esforzó en insistir que la idea de aumentar impuestos "no refleja la postura del ministerio y, por tanto, no anticipa medidas que vaya a adoptar este gobierno, que en cualquier caso siempre tendrá en cuenta la realidad económica". Asimismo, Montero insistió en que el Ejecutivo solo formularía "propuestas fiscales que permitan el mayor consenso posible con los grupos políticos del arco parlamentario".
Tiempo después, a lo largo del mes de julio, el discurso de Montero empezó a cambiar y volvió a poner encima de la mesa la posibilidad de "tomar medidas fiscales de forma inteligente y progresiva". Según advirtió, "eso es lo que vamos a seguir haciendo, de modo que no descarto alguna medida añadida en los próximos meses, pero acompañando la situación del país y de la economía".
El lenguaje ya era otro, pero la ex consejera de la Junta de Andalucía admitía que la crisis no aconsejaba mover ficha en el contexto actual. Sin embargo, Montero se quitó la máscara pocos días después, cuando anunció por sorpresa la creación de dos nuevos gravámenes, aplicados a las eléctricas y la banca.
El giro definitivo ha llegado esta semana, cuando el gobierno ha anunciado que se plantea poner en marcha "una subida selectiva de impuestos". En esta línea iría la idea de aplicar una "tasa temporal a las grandes fortunas", que justifica por la necesidad de seguir aumentando la recaudación.
Montero ha ido más allá, afirmando que "la curva de Laffer es una teoría interesada que beneficia a una minoría" y denunciando que quienes proponen rebajas de impuestos como forma de estimular la actividad estarían haciendo "populismo fiscal". En la misma línea, la titular de Hacienda criticó recientemente a los gobiernos del PP que se jactan de haber logrado superávits presupuestarios.
El caso es que, por mucho que Hacienda hable de la necesidad de elevar la presión fiscal para obtener más recursos, lo cierto es que no cabe plantear este debate como si estuviésemos partiendo de cero, puesto que, desde que Pedro Sánchez es presidente, en España se han adoptado 42 subidas de impuestos. En clave recaudatoria, los ingresos fiscales están subiendo un 18%. De modo que no tiene mucho sentido hablar de subir impuestos sin partir al menos de dos hechos esenciales: las subidas tributarias ya han sido continuas desde que gobierna el PSOE y la caja no solo no está vacía, sino que está en niveles históricos de recaudación.