La Comisión Europea ha propuesto este miércoles la octava ronda de sanciones contra Rusia, como respuesta a la movilización parcial que Vladimir Putin decretó la semana pasada. Estas incluyen un límite al precio de su petróleo importado y la prohibición a los ciudadanos europeos de poder formar parte de los consejos de administración de las empresas públicas rusas.
Las nuevas sanciones, que ahora tendrán que aprobar los 27 países miembros, afectarán aún más a la economía de Rusia, privándola de ingresos adicionales por valor de 7.000 millones de euros, destacan desde Bruselas.
En lo referente al tope al precio del petróleo ruso, este va en la misma línea del acuerdo que ha alcanzado el G7, ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
El tope estipula que el transporte de petróleo ruso y sus derivados solo se permita a nivel mundial si los productos se venden por debajo de cierta cantidad.
Los países de la UE dejarán de importar petróleo ruso por gasoducto a partir del 5 de diciembre, pero, "ciertos países en vías de desarrollo aún necesitan suministro de petróleo ruso a bajos precios", según la presidenta del Ejecutivo comunitario.
Esta medida "ayudará a reducir, por un lado, los ingresos de Rusia y por el otro, mantendrá, estable el mercado mundial de la energía", ha indicado.
Por su parte, la prohibición para que los ciudadanos de la UE puedan formar parte de los consejos de administración de las empresas está pensada para evitar posibles casos como el del excanciller alemán Gerhard Schröder, quien trabajó para Gazprom.
"Rusia no debe beneficiarse del conocimiento europeo y de sus expertos", ha asegurado Von der Leyen.
Más sanciones
Adicionalmente, Bruselas ha propuesto ampliar los productos que estará prohibido exportar a Rusia para privarle de "tecnologías clave", por ejemplo para la aviación, así como componentes electrónicos o químicos, de manera que su base económica y capacidad de modernización se vean mermadas.
Por su parte, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha detallado que han propuesto ampliar la lista de personas y entidades sancionadas por apoyar, facilitar o beneficiarse de la invasión de Ucrania, que ya contiene más de 1.300 nombres. En concreto, ha propuesto incluir a las autoridades rusas delegadas en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia; y a otras personas rusas que han organizado los referendos.
Borrell también ha planteado sancionar a altos funcionarios del ministerio ruso de Defensa encargados de suministrar a las Fuerzas Armadas de Rusia de equipos y armas, incluyendo misiles y aviones de combate, y de participar en el reclutamiento del Kremlin.