Los planes del Gobierno para un cierre de las centrales nucleares que concluiría en 2035 debía acompañarse de otro plan de gestión de residuos del que el almacén temporal centralizado iba a ser un pilar fundamental, como destinatario del combustible gastado de todas las plantas como paso previo al desmantelamiento. El Congreso dio en 2006 el mandato para construirlo y las previsiones más optimistas hablaban de 2010 como fecha de su puesta en marcha. Dieciséis años más tarde, el proyecto está enterrado: aunque llegó a elegirse su futuro emplazamiento, el pequeño pueblo conquense de Villar de Cañas, el proceso para su construcción se paró a las puertas de que el Consejo de Seguridad Nuclear otorgara el segundo de los permisos necesarios, el de construcción, tras haber dado el visto bueno al emplazamiento.
El problema de los desechos nucleares sigue así sin resolverse mientras el último borrador del séptimo plan de residuos radiactivos abre la puerta a una solución alternativa al del almacén centralizado: la construcción de almacenes independientes en cada central, más costosa, según reconocen en la propia empresa gestora, Enresa, pero que sería igual de segura y la predilecta de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En concreto, el borrador del Plan de Residuos Radiactivos señala que optar por un ATC costaría 2.124 millones menos que construir siete almacenes. Mientras, la factura de la tardanza de una solución postergada sine die sigue engordando.
En primer lugar, cabe recordar que España está pagando una penalización cercana a los 80.000 euros diarios por los residuos que de la central de Vandellós I que en su día se enviaron a Francia para ser reprocesados y que tenían que haber regresado el 30 de junio de 2017. Ante la ausencia en nuestro país de un lugar donde emplazarlos, Enresa está pagando una multa diaria desde ese año que asciende ya a 124 millones de euros y que será devuelta, descontando el pago por el almacenamiento en estos años, sólo cuando los desechos puedan volver.
Por otro lado, la saturación de las piscinas, el lugar donde se deposita el combustible gastado de las centrales nucleares, y la inexistencia de momento de un ATC ha provocado que a los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) de Trillo, José Cabrera, Ascó, Almaraz y Santa María de Garoña, consistentes en bidones para almacenar los residuos en seco, vayan a tener que sumarse nuevos lugares de almacenamiento en Almaraz, Ascó, Cofrentes y Vandellós II.
Según anunció en su día el Ministerio de Transición Ecológica, Enresa pagará por estos nuevos ATI un máximo de 220 millones de euros y consistirán en "cápsulas metálicas soldadas y envolventes de hormigón". La idea es que estos bidones puedan ser enviados en un futuro al proyectado ATC si llega a construirse. Entretanto, estarán en las propias centrales. Estarán listos en 2026, para que sea almacenado allí el combustible gastado que se genere desde esa fecha en Ascó, Cofrentes y Vandellós II y para que se convierta en el destino provisional del combustible almacenado en las piscinas de Almaraz, cuyos reactores serán apagados en 2027 y 2028 según el plan de cierre.
El dinero que ya llega a Villar de Cañas
A esta factura se suman las inversiones que se están acometiendo en la comarca que iba a albergar el ATC. En 2015, se estableció que Villar de Cañas recibiría tres millones anuales "a partir de la fecha en que comience a recibir combustible gastado o residuos radiactivos" y hasta el final de la operación del almacén y su desmantelamiento, estimado en más de sesenta años, mientras que pueblos cercanos se repartirían otros tres millones. Hasta entonces, el municipio y el resto de pueblos firman anualmente un convenio con Enresa para invertir, "previa presentación del proyecto y su aprobación", el 5 por ciento de esa asignación anual para la realización de "proyectos de carácter socioeconómico y medioambiental".
Esa cantidad se traduce, en el caso de Villar de Cañas, en 150.000 euros anuales que, según destaca el Ayuntamiento en declaraciones a LD, han servido para acometer, entre otras cosas, la rehabilitación del colegio, del ayuntamiento, del almacén municipal, del cementerio, de viviendas sociales y de caminos municipales; la renovación del alumbrado, la equipación del centro de día, la instalación de una fuente de suministro de agua descalcificada y la construcción de un gimnasio para los niños, entre otras cosas.
Desde el consistorio, en pie de guerra contra el gobierno de Emiliano García Page por sus continuas zancadillas al proyecto, recuerdan que se trata de un dinero que en realidad se está ahorrando la Junta de Castilla-La Mancha. Y señalan que tanto estas inversiones como el futuro ATC y su centro tecnológico asociado servirían para el resurgir de una zona azotada por la despoblación: "Nosotros confiamos en la capacidad de la comarca y en convertirnos en un foco de desarrollo tecnológico en la provincia de Cuenca". Destacan, además, que aparte de las asignaciones de Enresa y de las que estarían por llegar, el futuro ATC conllevaría la creación "de puestos de trabajo de calidad".
7.500 euros por habitante si hay ATC
Por el momento, en Villar de Cañas subrayan que su empeño en el proyecto ha servido para mejorar "notablemente" las infraestructuras municipales y recalcan cómo el ayuntamiento "ha proporcionado trabajo en el municipio, en los pueblos de alrededor y en la provincia". "La construcción de los edificios del vivero de empresas y de las carreteras que llevan a las instalaciones del ATC han proporcionado mucho trabajo, especialmente de 2012 a 2015. Hay dos ingenieros, cuatro guardias de seguridad y tres empleadas de la limpieza, todos ellos de esta comarca, trabajando en las instalaciones", cuentan.
El pueblo llegó a superar los 500 habitantes cuando fue seleccionado pero indican que volvieron a bajar de los 400 "gracias a las maniobras obstructivas del señor Page". En el municipio, insisten, siguen apostando por un proyecto que "conocen" bien y "aguantando tanta sinrazón". Las asignaciones podrían llegar a suponer una inversión de 7.500 euros al año por habitante.