Hay quien dice que no hay nada más permanente que un impuesto "temporal". Pues bien, tal y como históricamente ha sucedido con gran parte de los tributos que hoy pagamos, y que en su día fueron presentado como "temporales", el Gobierno podría hacer lo propio con el impuesto extraordinario a la banca y las energéticas.
Concretamente, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado hoy martes que el Ejecutivo evaluará aplicar de manera permanente el impuesto "temporal" a la banca planteado, tras los dos años de aplicación previstos en la iniciativa parlamentaria.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha recordado que la proposición de ley registrada por el PSOE y Unidas Podemos para aplicar un impuesto temporal a las grandes energéticas y bancos en España, contempla la aplicación de un gravamen provisional para los próximos dos años, es decir, 2023 y 2024.
"Una vez que termine ese periodo, evaluaremos el rendimiento de esta figura fiscal y el momento que vivamos, que espero que para entonces, ya no estemos en esta situación de invasión en una parte de Europa y, por tanto, podamos plantearnos las cosas y la política fiscal de la aportación de aquellas grandes empresas de una forma sosegada", ha afirmado la ministra.
Es decir, que lo que el Gobierno había anunciado como un impuesto extraordinario y temporal, podría no ser tan extraordinario ni tan temporal. En su lugar, el Ejecutivo valorará dentro de dos años (si Sánchez sigue en el poder) la implantación de este tributo de manera más prolongada.
"Lo evaluaremos al finalizar", ha afirmado al respecto la ministra Montero, después de recordar que la política fiscal del actual Ejecutivo "es muy clara": "Frente a aquellos que protegen a las élites económicas, como el PP, nosotros protegemos a la mayoría social de este país".
7.000 millones extra en 2 años
El impuesto extraordinario fue aprobado a finales de julio mediante una proposición de ley, a fin de de gravar los ingresos de las energéticas y los márgenes y comisiones netas de las grandes entidades financieras, y con el objetivo de recaudar en torno a 7.000 millones de euros entre 2023 y 2024.
En concreto, la iniciativa parlamentaria incluye un gravamen del 1,2% de la cifra de negocios de grandes eléctricas, gasistas y petroleras, a fin de recaudar 2.000 millones de euros al año de los supuestos beneficios extraordinarios obtenidos por estas empresas en 2022 y 2023.
Para las grandes entidades financieras, el gravamen buscará recaudará 1.500 millones de euros cada año. En concreto, se aplicará un tipo del 4,8% sobre su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados), más sus comisiones netas (cobradas menos pagadas).