El Gobierno se ha propuesto superar el récord recaudatorio de 2022 y ha planteado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) unas previsiones de ingresos tributarios y cotizaciones sociales que, de cumplirse, van a llenar las arcas del Estado hasta unos niveles sin precedentes a costa del esfuerzo contributivo de particulares y empresas.
Según las cuentas estatales, que ha aprobado el Ejecutivo de Pedro Sánchez esta semana, Hacienda quiere lograr en 2023 una importante subida de la recaudación tributaria gracias a los nuevos impuestos que ha aprobado el Gobierno para el año que viene, pero también a los ya existentes.
Por ejemplo, con el nuevo impuesto a las grandes fortunas, el Estado pretende embolsarse unos ingresos extra de 1.500 millones de euros, mientras que con el sablazo a banca y eléctricas, la idea es recaudar 3.500 millones más. Las cuentas públicas también incluyen varios golpes en el IRPF a las rentas del capital entre 200.000 y 300.000 euros, que afectarán a 17.814 contribuyentes y con los que María Jesús Montero quiere añadir 200 millones extra. Destaca también el nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que afectará directamente al sector alimentario, y con el que el Gobierno quiere recaudar otros 491 millones.
Hacienda también aumentará su caja con sus impuestos estrella. Así, el IRPF recaudará un 7,7% más el año que viene (113.123 millones); el IVA, un 5,9% más (86.093 millones) o Sociedades, un 7,7% más (28.519 millones).
Más de 1.600 euros de media por trabajador
Con todas estas figuras fiscales, el departamento de María Jesús Montero pretende disparar los ingresos tributarios hasta los 262.781 millones de euros, lo que supondría un incremento del 7,7% respecto al avance de liquidación de 2022 o, dicho de otra forma, una subida de la recaudación de 18.710 millones de euros más que en el ejercicio anterior. Como ya publicamos en Libre Mercado, si repartiésemos esos 18.710 millones extra entre los 21,6 millones de declarantes del IRPF en España nos encontraríamos ante un aumento de los impuestos de 866 euros de media por trabajador.
Pero la asfixia fiscal no acaba aquí. En el Libro Amarillo recién presentado aparece la otra partida clave en los ingresos del Estado: las cotizaciones sociales. El Gobierno pretende recaudar 184.522 millones con este impuesto al trabajo, lo que elevaría sus ingresos en 16.380 millones respecto al año anterior (un 9,7% más). Por tanto, si sumamos esta cifra a los 18.710 millones de ingresos tributarios extra y la repartimos entre los 21,6 millones de declarantes del IRPF en España, estaríamos ante un palo fiscal de 1.624 euros por contribuyente.
Golpe a empresas y empleados cualificados
Que vaya a haber más empleados cotizando en 2023 y que cobren unos salarios más altos va a ser la razón a la que se aferre el Gobierno para justificar estos ingresos por cotizaciones sociales estratosféricos. Sin embargo, la realidad es que los PGE contemplan un importante golpe a empresas y empleados cualificados para llenar las arcas del Estado.
Para ello, el Gobierno va a subir las bases máximas de cotización un 8,6% en 2023. Este incremento va a suponer, por ejemplo, que la base máxima de cotización del Régimen General, el más numeroso del sistema de la Seguridad Social, pase de los 4.139,4 euros al mes a los 4.495,4 euros. Es decir, que las cotizaciones de los asalariados con nóminas de más de 54.000 euros sufrirán esta penalización.
A este mazazo hay que añadir otra subida de cotizaciones del 0,6% que va a activar el Gobierno en 2023 y que durará los próximos diez años con el objetivo de engordar la exigua hucha de las pensiones. El Gobierno ha presumido de que transferirá por primera vez en 13 años una dotación al Fondo de Reserva de las pensiones que está a punto de agotarse (la famosa hucha . El ingreso será de 2.957 millones de euros y procederá del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), es decir, con cargo a cotizaciones.