Los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo que ha elaborado el Gobierno prevén un aumento exponencial del gasto público para financiar numerosas medidas de carácter populista.
Sánchez ha comenzado ya su campaña electoral sentando las bases de las cuentas públicas de 2023, que le dejarán las manos libres para desarrollar un vasto programa de medidas cuyo único fin es mejorar la imagen desastrosa de su Gobierno. Es el caso de la revalorización de las pensiones por encima de lo aconsejable dada la situación calamitosa de la caja de la Seguridad Social, la subida del 3,5% del sueldo de los funcionarios o la extensión a todo el año próximo de la gratuidad de uso del transporte de cercanías y media distancia.
Junto a estos rubros de indudable impacto económico, financiados con fuertes subidas de impuestos, Sánchez ha puesto en marcha otras leyes marcadamente partidistas destinadas a agudizar el enfrentamiento social como la ley del aborto y la ley trans, tramitadas por la vía de urgencia, o la ya aprobada ley de memoria democrática, otro engendro legislativo destinado a desatar nuevas campañas de odio ideológico como viene haciendo el PSOE desde los tiempos de Zapatero.
Sánchez y sus socios saben que necesitan agitar a las bases de sus votantes para tratar de recuperar el terreno perdido de cara a las elecciones del próximo año. Para dar luz verde a los presupuestos preparados por La Moncloa, es imprescindible el apoyo parlamentario de los aliados del sanchismo encabezados por ERC y Bildu, sus socios de referencia en esta legislatura. El pago a los votos de las dos formaciones separatistas ya ha comenzado a hacerse efectivo con el acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas, incluso desde el extranjero, haciendo uso de interpretaciones jurídicas de más que dudoso encaje legal que retratan a Marlaska y a su jefe como dos lacayos sin escrúpulos, dispuestos a todo para contentar a la formación proetarra.
Pero no hay la menor preocupación social detrás de unas cuentas públicas tan desastrosas como las preparadas por los socialcomunistas para 2023. Se trata, simplemente, de la utilización espuria de una de las leyes más importantes que el Gobierno aprueba en cada ejercicio, como un elemento de propaganda electoral financiado con el dinero de todos los contribuyentes españoles.