El otoño llega a la economía española como se suceden las estaciones a lo largo del año. Lo que para el gobierno fueran brotes verdes de una "robusta recuperación", no resisten el paso del tiempo y las previsiones del área económica del gobierno se precipitan al suelo como caducan las hojas de los árboles. Del maná prometido de fondos europeos que iban a regar nuestra economía, apenas han caído unas gotas para desesperación de un tejido empresarial que ve convertidos sus anhelos en frustraciones.
Acabamos de conocer el detalle de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y la dotación presupuestaria récord que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tendrá para el próximo ejercicio, 28.692 millones de euros. Sin embargo, la experiencia acumulada sobre la capacidad del gobierno para ejecutar los fondos europeos durante 2021 y 2022 no hace más que ahondar en la preocupación de su escaso impacto en términos de crecimiento y empleo sobre la economía española.
Hoy sabemos, tal y como han corroborado instituciones y organismos independientes, que su aportación al PIB en 2021 fue nula y que la esperada para 2022 será inferior a las previsiones del gobierno, que estimaba 1,9 puntos porcentuales respecto al escenario sin Plan de Recuperación.
Las expectativas iniciales, que esperaban generar un efecto positivo sobre el crecimiento, han devenido en frustraciones en los agentes económicos, truncando la primera de las hipótesis del gobierno. Las reformas desarrolladas hasta ahora y comprometidas con Europa, introducen en la mayoría de los casos más rigideces sobre una economía, que si precisa algo urgentemente, es aliviarla de trabas burocráticas y que se garantice la unidad de mercado.
La ejecución presupuestaria no deja lugar a dudas sobre la ineficacia e ineficiencia en la gestión de los fondos europeos. Los pagos realizados en 2021 alcanzaron tan sólo el 45,5% del total de los créditos definitivos del mecanismo de recuperación y hasta el 31 de agosto de este año la cifra es de un raquítico 19,75%; teniendo en cuenta que la mayoría de estos fondos son transferencias a otras administraciones u organismos públicos que a su vez tienen que lanzar sus convocatorias o licitaciones. En una falta de transparencia malintencionada, seguimos sin conocer cuánto ha llegado hasta ahora a la economía real, qué empleo ha generado y de qué naturaleza.
Fuente: IGAE
Del enquistamiento de las cifras de paro por encima del 12% previstas para 2023, podemos deducir que el impacto de los fondos este año en términos de empleo será nulo, precisamente en el ejercicio con más presupuesto para desarrollar los PERTES. Los grandes proyectos siguen sin arrancar con suficiencia por su falta de adaptación a las necesidades de los sectores industriales, con plazos y requisitos fuera de los términos que permitirían al sector empresarial afrontar inversiones y movilizar capital privado con unas mínimas garantías de rentabilidad.
Sin rediseñar los PERTES y adaptarlos a la realidad de un contexto de recesión, presión inflacionista en los costes, encarecimiento de la financiación y caída del consumo privado será muy difícil que la industria puede sentirse atraída a concurrir en las convocatorias.
El Ministerio de Industria contará en 2023 con 6.258 millones de euros, un 21% del total de los fondos para el próximo año. Paradójicamente, la responsabilidad recae en el ministerio que más carece de liderazgo y con la menor capacidad contrastada para ejecutar fondos; la ejecución total del ministerio de Industria es la más baja entre todos los ministerios a 31 de agosto, con un porcentaje del 15,1%.
Fuente: IGAE
Además, el presupuesto del Mecanismo de Recuperación para 2023 destina capítulos de presupuesto a organismos como el IDAE con 2.607 millones (que a 31 de agosto no había realizado ni un solo pago de fondos europeos del 2022) o a fondos sin personalidad jurídica como el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER), que recibirá más de 930 millones y ambos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica.
El gobierno tiene la intención de canalizar la movilización de fondos para desarrollar los PERTES vía préstamos, que tendrán que ser lo suficientemente atractivos para encontrar demanda en el sector privado. La Vicepresidenta Calviño, a través del Ministerio de Asuntos Económicos concede 800 millones de los fondos europeos a la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores para que los movilice vía préstamos en el PERTE Chip, además de continuar con su Plan E Digital dotado este año con 1.141 millones y que canalizará a través de Red.es y que concede tan sólo el 37% de las solicitudes que se presentan, en su mayoría, para finalidades poco transformadoras.
Toda esta maraña burocrática consecuencia de un deficiente diseño gubernamental se completa con una falta de flexibilidad y adaptación a las necesidades de las CCAA que impide que se puedan ejecutar los fondos de forma óptima. En 2023 las transferencias de fondos europeos a CCAA y Entidades Locales se reducirán un 26,9% y un 32,6% respectivamente, en una clara intención por movilizar fondos desde el gobierno central y estirar al máximo la propaganda en año electoral.
Los fondos europeos debían fundamentar el crecimiento para el año que viene. Lamentablemente seguirá creciendo el "efecto bola de nieve" de fondos sin ejecutar, sin destinarse a las finalidades más eficientes para generar crecimiento, al contrario, presionarán nuestro déficit estructural con más obligaciones de gasto para el futuro por malas decisiones políticas. "Winter is coming", en lo climatológico y en lo económico, con la recesión golpeando a las puertas y un gobierno que no es consciente de que no se crece sólo con propaganda.