Por mucho que el Gobierno haya esquivado la tensa negociación salarial, gracias al apoyo de CCOO y UGT, los funcionarios no están tranquilos. La subida de sueldos pactada ronda el 3,5% el próximo año con una inflación entre el 9% y el 10%. Pero, además, el "abandono de la Seguridad Social" y el ataque a MUFACE, han terminado de crispar el ambiente.
Los empleados públicos denuncian un atasco sin fin, y sin medios, en la Administración que lo están pagando todos los ciudadanos en el día a día. Y, encima, como publicaba este pasado lunes Libertad Digital, los recortes de Pedro Sánchez han llevado a MUFACE a una difícil situación: los grupos hospitalarios se marchan de ese sistema de asistencia sanitaria o reducen el servicio prestado hasta el momento a los empleados públicos, diezmando un sistema sanitario histórico en la Administración española. Los funcionarios se han cansado y preparan nuevas movilizaciones.
En esta ocasión son los tres grandes sindicatos de la Administración -CCOO, UGT y CSIF- los que han acordado la convocatoria de movilizaciones del personal que presta sus servicios en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, "como consecuencia del fracaso en la gestión del actual ministro José Luis Escrivá quien, desde su llegada, no ha sido capaz de reconducir el progresivo deterioro de la gestión del Sistema", señalan desde los propios sindicatos.
Los motivos para iniciar una nueva ronda de movilizaciones se basan en "la creciente degradación de las condiciones de trabajo en las que se ha de gestionar el sistema de Seguridad Social y del servicio público"; el "incumplimiento de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que establece la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social antes del 30 de junio de 2022, plazo ampliamente rebasado"; el también "incumplimiento de la implantación del trabajo a distancia como establece la Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo"; la no materialización "del Acuerdo de Fondos Adicionales 2018-2020 en la Seguridad Social"; y la no ejecución "de la parte de las medidas suscritas en el Acuerdo de Mejora de las condiciones generales de trabajo, suscrito el 29 de noviembre de 2018, con los entonces Secretario de Estado de la Seguridad Social y Subsecretario del Ministerio", según las tres formaciones.
Los sindicatos afirman que llevan años denunciando "las erráticas políticas de personal llevadas a cabo en la Seguridad Social, que se traducen en la pérdida de empleo, la falta de ocupación de los puestos de trabajo, la avanzada edad del personal que prestamos nuestros servicios en ella haciendo inviable el necesario traspaso de conocimiento entre el personal, el cierre de oficinas de atención a la ciudadanía, el cambio de modelo de atención al público que ha obligado a miles de ciudadanos a no poder acudir presencialmente a nuestros centros y a tener que recurrir a los medios telemáticos…".
Para los sindicatos, la situación es crítica: "Aumentan las cargas de trabajo y hay menos personal. No se gestiona de manera eficaz ni eficiente. Esto se traduce en un creciente desprestigio y condena social por parte de la ciudadanía".
Para colmo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido golpear de nuevo con recortes de recursos al sistema sanitario de los funcionarios: MUFACE. Y lo ha dejado con tal falta de fondos que los grupos hospitalarios están ya reduciendo prestaciones o servicios o barajando directamente salirse del sistema. Y los funcionarios se han cansado ya de toda esta situación.