El gobierno de Pedro Sánchez quiere que España deje de figurar como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía y proceda a abandonar el acuerdo. Son decenas de economías avanzadas las que han suscrito dicho pacto internacional, cuyo objetivo último es garantizar la seguridad jurídica de las inversiones en el terreno energético, de modo que la decisión del gobierno de PSOE y Podemos nos convierte en uno de los pocos países desarrollados que se podría salir de dicho paraguas.
La versión oficial del Ejecutivo liga todo a la "agenda verde" y justifica la salida por la necesidad de "luchar contra el cambio climático", pero la cruda realidad es que Sánchez y su gabinete llevan más de un año lidiando con un problema que hasta ahora no había despertado mucho revuelo en la prensa española, pero que cada vez está recibiendo más cobertura: a saber, el reguero de impagos que acumula nuestro país en decenas de arbitrajes internacionales.
Estos procesos se refieren a la retirada de las primas que venían ofreciéndose a los inversores en proyectos de energía renovable. Como es sabido, Rodríguez Zapatero planteó subsidios muy generosos que luego fueron empezaron a retirarse bajo su gobierno y terminaron de recortarse durante el mandato de Mariano Rajoy. El problema de fondo, en cualquier caso, no fue el cambio en el marco de incentivos, sino la intención de aplicar dicha modificación de manera retroactiva.
A finales de 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitía su primer fallo sobre esta materia, condenando a España por semejante vulneración de la seguridad jurídica. Desde entonces, son ya una veintena de laudos los que han sentenciado la obligación de devolver 1.300 millones a las empresas afectadas. La cifra final puede ascender a 2.000 millones.
En la Unión Europea hay pocos precedentes de socios comunitarios negándose a cumplir sus obligaciones. Constan en los registros algunos episodios aislados ligados a países como Bulgaria o Rumanía, pero la situación de nuestro país es mucho más grave y nos sitúa, de hecho, a la par con Venezuela o Rusia, que son dos de los países con más incumplimientos pendientes en los arbitrajes del CIADI, organismo competente para dirimir este tipo de disputas legales de índole transnacional.