El Gobierno vuelve a sacar la chequera para ganarse el favor (y el voto) de otro colectivo a costa del esfuerzo del resto de contribuyentes. El último regalo electoral del Ejecutivo de Pedro Sánchez consiste en reducir el número de peonadas necesarias para poder cobrar el subsidio agrario, el antiguo PER.
Así lo aprobó el pasado 18 de octubre el Ministerio de Agricultura en Consejo de Ministros. Desde el 1 de noviembre y hasta el 30 de junio 2023 (casualmente, después de las elecciones), el número mínimo de jornadas cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria bajará hasta las 10 peonadas en Andalucía y Extremadura. En muy pocas ocasiones se ha exigido trabajar tan poco para cobrar los casi 500 euros del PER.
"Desincentiva el trabajo"
En la patronal agraria ASAJA alertan de los negativos efectos que tendrá este nuevo regalo gubernamental sobre el empleo de un sector en el que cada vez es más difícil encontrar trabajadores. "Reducir las peonadas nos va a poner todavía más complicado encontrar mano de obra. Es una evidencia que esta medida desincentiva el trabajo" declara a Libre Mercado el director de la patronal agraria ASAJA, Juan José Álvarez.
"La única solución para que esto no ocurra es que los subsidios fueran compatibles con el trabajo en el campo, como hicieron en la pandemia, pero si lo que quieren es pagar a la gente por no trabajar que lo digan y que no jueguen con el campo, que está agonizando" añade.
Álvarez lamenta que "en todas las campañas tenemos problemas para encontrar trabajadores. Ya da igual que sea la fresa que la vendimia". No deja de ser incoherente que sistemáticamente el sector agrícola tenga que recurrir a mano de obra extranjera para cubrir estos puestos mientras cada vez es más fácil que los trabajadores nacionales accedan a subvenciones (el PER empezó exigiendo 60 peonadas, como refleja un antiguo artículo de El País). Además, es vox pópuli el fraude que se produce con peonadas que no son reales y que se compran o se regalan a familiares para que cobren el subsidio.
El director de ASAJA también ha denunciado "la traba a la contratación que está generando en el campo la reforma laboral de Yolanda Díaz, que no nos permite contratar trabajadores temporales y nos obliga a hacerlos fijos-discontinuos, lo que solo sirve para maquillar la temporalidad".
El Gobierno lo justifica en la sequía
La excusa del Gobierno para abrir la mano de las subvenciones al campo es "la evolución negativa de las precipitaciones, que ha empeorado las perspectivas en cuanto a previsión de producciones. El valor medio nacional de las precipitaciones en año hidrológico 2021/2022 en el periodo del 1 de octubre de 2021 al 27 de septiembre de 2022) ha sido de 475,5 mm, un 25,6% inferior al valor normal. Este empeoramiento de la perspectiva ha hecho necesario reforzar y extender las medidas de protección, sobre todo, ante unas perspectivas de importante reducción en la cosecha del olivar".
Según el Ministerio de Agricultura, esta situación "refleja una importante caída del 47% de la cosecha este año con respecto a la anterior 2021/2022. Se trataría, además, de la producción más baja de las siete últimas campañas, al situarse en cerca de 800.000 toneladas en la campaña 2022/2023".
Para seguir justificando este raquítico número de peonadas, el departamento de Luis Planas recuerda que "en las campañas de 2012 y 2019, con descensos en la recolección del 54% y del 53%, respecto a la cosecha precedente también se aprobó una reducción a 20 del número mínimo de jornadas cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y Extremadura". Sin embargo, ahora estamos hablando de 10 peonadas cuando hasta el propio Ejecutivo reconoce que se trata de una caída de la producción menor.
¿Y por qué hasta el 30 de junio 2023? Esta es la explicación del Gobierno: "Dado que el grueso de la cosecha del olivar finalizará en marzo de 2023, y que se prevé que sea escasa, es también previsible que desciendan de manera notable los jornales correspondientes necesarios para la recolección, que perjudicará las perspectivas laborales de las personas trabajadoras eventuales que habitualmente desarrollan su actividad en el olivar, también a lo largo del próximo 2023".