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Ultimátum de los funcionarios para salvar Muface: exigen una reunión urgente con Montero o habrá movilizaciones

Desde CSIF no ocultan su preocupación por el futuro del modelo asistencial y exigen que se incremente el presupuesto de las mutualidades para 2023.

Desde CSIF no ocultan su preocupación por el futuro del modelo asistencial y exigen que se incremente el presupuesto de las mutualidades para 2023.
El presidente de CSIF atiende a los medios durante la manifestación de este sábado. | Twitter

Los funcionarios se han cansado de los ataques del PSOE y Podemos a MUFACE. El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado una partida insuficiente para el mantenimiento del sistema sanitario de los empleados públicos y grupos hospitalarios, especialistas y hasta aseguradoras han empezado ya a replantearse al mantenimiento del servicio a los funcionarios. Y el principal sindicato de los empleados públicos, CSIF, ha decidido lanzar un ultimátum para salvar Muface: exigen una reunión urgente con María Jesús Montero o habrá movilizaciones.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha solicitado una reunión a los Ministerios de Hacienda y Función Pública, Justicia y Defensa para analizar la situación actual de las mutuas de funcionarios MUFACE, MUGEJU e ISFAS, ante el riesgo de que algunos grupos hospitalarios denuncien el actual concierto económico si no se revisan las precarias condiciones económicas.

Desde CSIF no ocultan su preocupación por el futuro del modelo asistencial "tras tener constancia de que algunos grupos hospitalarios podrían dejar de colaborar con las aseguradoras con las que trabajan si no se revisan las partidas económicas que dichos grupos reciben para compensar el incremento de la inflación".

En este sentido, CSIF exige que se incremente el presupuesto de las mutualidades para 2023. En el caso de Muface el aumento es de apenas un 1,7% con respecto al pasado año y con inflaciones cercanas al 10%, según el proyecto presentado recientemente al Congreso de los Diputados. Y los funcionarios consideran que, de ese modo, no se podrá "evitar que se reduzca la calidad asistencial como consecuencia de la inflación".

Entre la batería de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que CSIF trasladará a los grupos parlamentarios hay algunas específicas para incrementar la financiación, que es insuficiente. "De mantenerse esta situación, tememos que se vea afectada la asistencia sanitaria que se presta al funcionariado", afirman desde CSIF. "No permitiremos que el colectivo de mutualistas y sus beneficiarios se vean afectados por la falta de apoyo económico por parte del Ministerio, por lo que prepararemos movilizaciones para que se atienda nuestra demanda, teniendo en cuenta que la situación será insostenible", advierten desde el sindicato.

Podemos nunca ha ocultado su deseo de dejar a los funcionarios sin su sistema sanitario. Quiere acabar con MUFACE y el resto de mutuas de la Administración y lo ha plasmado hasta por escrito. El PSOE tampoco oculta su desprecio por ese sistema que permite a los empleados públicos optar libremente por una vía de sanidad privada a buen precio. Y ambos han dado pasos claros desde el Gobierno para provocar un vaciado de fondos de MUFACE con el fin de llevarla a la desaparición, tal y como denuncian desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

CSIF ya ha solicitado la reunión con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y la directora general de MUFACE, Myriam Pallarés, para "analizar la viabilidad de este modelo asistencial, ante el riesgo de que algunos grupos hospitalarios denuncien el actual concierto económico si no se revisan las condiciones económicas".

Y es que, desde CSIF señalan que desde el Gobierno nunca se han repuesto al sistema los fondos necesarios para cubrir los gastos asumidos en la etapa del covid. Es más, que el dinero inyectado en el nuevo convenio hace inviable que se mantenga el servicio incluso más allá de esa etapa. Y que eso, obviamente, lleva a un deterioro del servicio que acaba en la salida del sistema de MUFACE de los grupos hospitalarios y en que los funcionarios acaben optando por dejar de usar la opción privada por la pérdida de calidad.

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