El envejecimiento demógrafico y el afán de los políticos por promover el empleo público y el asistencialismo ha generado un problema estructural en España que se está convirtiendo en una peligrosa bomba de relojería: cada vez son más las nóminas públicas que tiene que costear el sector privado.
Además de confirmar el verano negro que ha sufrido el mercado laboral, la Encuesta de Población Activa (EPA) de la semana pasada reveló que nuestro país rompió entre junio y septiembre la escalofriante barrera de los 3,5 millones de funcionarios a sueldo de todo tipo de Administraciones.
Nunca antes en la historia de España la economía productiva había tenido que sostener un nivel de empleo público tan elevado. Aunque con el anterior gobierno del PP este número también fue en aumento, desde que gobierna Pedro Sánchez, la cifra de funcionarios se ha disparado en 388.400 personas.
Más de 9 millones de pensionistas
Otro récord que hemos conocido recientemente sobre el número de personas dependientes del Estado está en la cantidad de pensionistas a cargo del presupuesto público. Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, el número de personas que reciben una pensión contributiva alcanzó los 9,02 millones en octubre, mientras que el número total de estas prestaciones llegó hasta las 9,96 millones (hay ciudadanos que reciben dos pensiones).
La pensión principal es la de jubilación para 6,2 millones de personas, y la de viudedad lo es para 1,6 millones. Les siguen los perceptores de incapacidad permanente (943.539), orfandad (323.925) y favor de familiares (43.766).
17 millones de nóminas privadas
La EPA del tercer trimestre también desveló que apenas son 17.039.600 las nóminas privadas (incluyendo autónomos) las que tienen que hacer frente a todos estos gastos. Además, esta cifra continúa por debajo del récord que se produjo en España en el año 2007, cuando llegó a haber casi 17,9 millones de trabajadores a cuenta del sector privado.
De hecho, como se observa en la siguiente tabla, este verano el sector público creó el doble de empleos que el privado (52.300 frente a 25.400), un fenómeno que no ha ocurrido en otros trimestres anteriores y que confirma la insostenibilidad de la situación.
En definitiva, si sumamos los 9 millones de pensionistas a los 3,5 millones de funcionarios más los casi 1,7 millones de personas que se beneficiaron en septiembre de alguna protección por desempleo estaríamos ante 14,2 millones de nóminas o ayudas públicas que recaen sobre las espaldas de los 17 millones de salarios privados, una brecha difícil de soportar en el tiempo.