El Gobierno de PSOE-Podemos continúa al mando del país con un IPC disparado y una economía estancada. Pero, ni siquiera en este escenario de estanflación da tregua el Ejecutivo a su agenda ideológica y antieconómica. Así, por ejemplo, Sánchez sigue adelante con propuestas generadoras de inseguridad jurídica e incertidumbre, como los tributos "extraordinarios" a la banca y las energéticas, o el impuesto de "solidaridad" a los ricos.
Pero esto no es todo, ya que el sector alimentario, uno de los más golpeados por la inflación, permanece en el punto de mira del Ejecutivo. La preocupación es tal, que la patronal ha anticipado un impacto milmillonario en facturación, así como en destrucción de empleo.
Concretamente, La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), integrada por 44 asociaciones del sector, celebró el pasado 18 de octubre una reunión para analizar las amenazas que comportaba la nueva legislación en materia de sostenibilidad. E invitaron al acto a miembros del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como del Ministerio de Transición Ecológica, para hacerles llegar sus quejas de primera mano.
Las principales consideraciones se hicieron, por un lado, entorno a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada el pasado mes de abril; y por otro, sobre el Proyecto del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, cuyo nuevo texto se remitió a Bruselas en el mes de mayo.
La primera de estas legislaciones, ya en vigor, incluye, por ejemplo, nuevas regulaciones en materia de desperdicio de alimentos y otras para fomentar su "consumo responsable". También dedica un apartado completo a limitación de los productos de plásticos de no reutilizables, y otro destinado a detallar una serie de "medidas fiscales para incentivar la economía circular". Es decir, nuevos impuestos para que la agenda ecologista tenga impacto positivo en el fisco. De entre estos, preocupa especialmente el tributo especial sobre los envases de plástico de un solo uso, que tendrá un nada desdeñable impacto de 690 millones de euros en las empresas, según FIAB. Su director, Mauricio García de Quevedo, reiteró que "es necesario atrasar" su entrada en vigor.
Otro de los aspectos destacables de la legislación de Residuos y Suelos Contaminados es la inclusión de nuevos requisitos en el ámbito de la "Responsabilidad Ampliada del Productor", en línea con las directrices de Bruselas. Es decir, que se endurecerá la responsabilidad medioambiental que las empresas tienen sobre los productos que venden, de forma que se las fuerce a pagar por el coste de reciclaje y gestión de los residuos. Según FIAB, solo este punto comportará una carga adicional de 1.150 millones de euros para la industria.
Por otro lado, en lo que se refiere al Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, se contienen, entre otros aspectos, una serie de objetivos de reciclaje y reducción de residuos, casi todos ellos a cumplir para el 2030. Por ejemplo, se pretende reducir el uso de botellas de plástico un 20% de cara a ese año, o que se reutilicen el 80% de los envases de refrescos. Además, se establecen plazos para la prohibición de envasar frutas y verduras, o se explicita la aplicación de la Responsabilidad Ampliada del Productor al ámbito de los envases, de forma que este requisito se aplicará tanto a envases comerciales como industriales, haciéndose cargo los productores de financiar su recogida, gestión o tratamiento.
En su conjunto, la factura a pagar por las empresas de entrar en vigor este proyecto legislativo ascendería a la friolera de 5.000 millones de euros, señalan desde FIAB. Una cifra que consideran que, "en ninguna circunstancia, y menos en las actuales, es asumible".
Además, a este impacto económico hay que añadir la inclusión en el proyecto legislativo de algunas medidas con elevada complejidad de aplicación, según remarcan desde la patronal de alimentación. Por ejemplo, se incluyen nuevas obligaciones de etiquetado, como la posible prohibición del logo del "Punto Verde", una insignia que se muestra en los envases y que indica que este debe tener una segunda vida y que la compañía productora ha pagado por su reciclaje. Pues bien, el texto legal aduce, sin explicar los motivos, que este etiquetado "puede inducir a error a los consumidores", lo que abre la puerta a que las marcas tengan que cambiar sus etiquetas.
Asimismo, desde FIAB denuncian que la ley quiera imponer que se indique en las etiquetas en qué contenedor deben depositarse los residuos de cada envase. Especialmente, "cuando la Comisión Europea está valorando armonizar el etiquetado en este sentido", critica la patronal. "Este tipo de medidas conllevan una ruptura de la unidad de mercado, pilar básico del funcionamiento de la UE, y la propia Comisión Europea ha advertido de los riesgos que conllevan", alertan.
Durante su intervención en el acto del pasado 18 de octubre, el director de FIAB dejó claro "el compromiso de todo el sector con la sostenibilidad", pero pidió clemencia al Ejecutivo de Sánchez "en el grave momento económico por el que atraviesa la economía, con una inflación muy elevada y costes energéticos disparados". "No adopte ninguna medida regulatoria o fiscal que reste competitividad a las empresas y pueda afectar gravemente al empleo", demandó García de Quevedo.
Y le asestó otra reprimenda al Gobierno, que contaba con representación en el acto: "Es el momento de ayudar a las empresas, no de ponerles trabas, ya que está en juego la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos. Creemos que la regulación española en materia de sostenibilidad no debería ir más allá de las directivas europeas y es imprescindible que las nuevas medidas que entren en vigor sean equilibradas y fruto del consenso", aseguró el máximo responsable de la patronal de alimentación y bebidas.
Y es que la industria alimentaria, tan golpeada por la inflación, tiene motivos para temer a Sánchez. Al igual que los consumidores, que han visto encarecida la cesta básica de la compra un 14,4% en el último año, de acuerdo al IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras el Gobierno se empeña en encarecerla todavía más.
Así, por ejemplo, el Ejecutivo se niega a rebajar el IVA de la carne y el pescado frescos hasta el tipo superreducido, a la par que insiste reiteradamente en desincentivar el consumo de carne y desprestigiar al sector ganadero. Paralelamente, Sánchez se encargó de castigar más a la industria y los consumidores subiendo el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas desde el 10% al tipo máximo del 21%, mientras que desde Podemos abogan por ampliar esta subida a todos los alimentos "procesados", así como por imponer el "semáforo nutricional" Nutri-Score o por establecer una cesta de productos con precios máximos, como ya intentó Yolanda Díaz.
Y para más inri, el nuevo proyecto de ley sobre publicidad de alimentos infantiles pretende prohibir las comunicaciones comerciales de determinados productos destinados al público infantil por considerarlos poco saludables y regular la colaboración de influencers o el uso de redes sociales para promocionar estos productos. Una normativa que ya ha encendido las alarmas en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha recomendado revisar algunos de los puntos de la misma por no estar "adecuadamente justificados" o por no agotar las pertinentes "opciones de autorregulación y corregulación".