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Forestalia y Lambán envían cartas de expropiación a los vecinos de Teruel

Libertad Digital y esRadio acceden a cartas de Forestalia para informar a propietarios de terrenos en Teruel de la expropiación de su terreno.

Libertad Digital y esRadio acceden a cartas de Forestalia para informar a propietarios de terrenos en Teruel de la expropiación de su terreno.
Municipio turolense en la sirra de Albarracín | Flickr/CC/Jose Javier Martin Espartosa

El Gobierno de Aragón y Forestalia continúan con su plan de electrificar a base de generadores eólicos y fotovoltaicos los paisajes de Teruel. En Libertad Digital hemos dado buena cuenta no sólo de las intenciones sino del método empleado por Forestalia, la empresa fetiche del presidente aragonés Javier Lambán y su empresario de cabecera, Fernando Samper, para hacerse con las concesiones administrativas para la instalación de plantas renovables y, posteriormente, vendérselas a otras compañías o ponerlas en marcha con ayuda de terceros.

No sólo esto. También en Libertad Digital hemos contado con detalle cómo el propio gobierno regional de Aragón enviaba a su delegado Antonio Arrufat para tratar de convencer a los alcaldes de la zona de las bondades de los proyectos de Forestalia.

Con el beneplácito de los alcaldes, que constituyeron plataformas para impulsar estos proyectos —algo necesario para agilizar los plazos ya que algunos parques estaban proyectados en el límite entre dos o más municipios—, sólo faltaba el de los vecinos propietarios de las tierras donde van a ir instalados los molinos y las redes de alta tensión que evacúen los kilovatios verdes de Forestalia.

Pues bien, Libre Mercado ha tenido acceso a las cartas enviadas por Forestalia para comunicar a los vecinos de la zona la expropiación de sus terrenos, pagando un justiprecio "en un único pago" de "dos mil cuarenta euros con veintinueve céntimos de euro (2.040,29)". ¿Y qué cede el propietario del terreno a cambio de 2.000 euros? Por contrato, podría implicar la cesión casi total de su propiedad, dado que uno de los puntos del contrato contempla que cede a Forestalia el terreno necesario para "cualquier otra actuación o servidumbre necesaria para la construcción o explotación de la instalación referida". ¿Durante cuánto tiempo? "La presente autorización se otorga con una duración máxima de 75 años, y no se invalidará, sino que seguirá adelante, aunque el propietario lleve a cabo cualquier acto de disposición sobre la finca, mortis causa o inter vivos, ya sea a título oneroso o gratuito, debiéndose comunicar a la titular de la servidumbre de paso eléctrico dicha transmisión".

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Modelo de autorización que adjunta Forestalia en su comunicación con los vecinos de Teruel
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Segunda página del documento enviado por Forestalia

Una simple búsqueda en internet permite hacerse una idea del coste del metro cuadrado de terreno rústico no urbanizable en la zona, que ronda los 100 euros/metro cuadrado.

La carta de Forestalia

Los propietarios de la zona reciben la siguiente carta:

"Estimada Familia

Somos Forestalia, una empresa aragonesa dedicada a la creación e implantación de proyectos eólicos y fotovoltaicos. En este momento nos encontramos trabajando en la provincia de Teruel, donde están proyectada la Línea aérea y subterránea de Alta Tensión.

Con la presente carta nos ponemos en contacto con ustedes para notificarles la afección de su parcela. Próximamente nos reuniremos con ustedes en los municipios afectados, rogamos se pongan en contacto con nosotros para poder citarlos y explicarles el proyecto.

Si está de acuerdo, deberán firmar el contrato por ambas caras de papel, y adjuntar la documentación requerida para la validez del mismo. "

Esta carta viene acompañada de un modelo de "autorización para paso de línea eléctrica" que el vecino tendrá que rellenar para vender por 2000 euros una parte indeterminada de su terreno.

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Carta enviada por Forestalia a los propietarios afectados por la instalación de los parques renovables y las líneas de alta tensión

¿Puede oponerse la familia?

La oposición podría ser en vano, ya que el Gobierno autonómico puede instar a la expropiación forzosa alegando causa de utilidad pública o interés social que prevalecería, en este caso, a la privado.

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