El "Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas" al que acaban de dar luz verde PSOE y Podemos no consiste únicamente en una estocada a los grandes patrimonios de España. Se trata de un ataque directo a las CCAA con impuestos bajos, como viene siendo históricamente la Comunidad de Madrid y ahora también Andalucía.
Fue a finales de septiembre cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros este nuevo tributo "temporal" para gravar a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros y con el que el Ejecutivo pretende recaudar 1.500 millones de euros en dos años. Según los cálculos del Gobierno, "el potencial de contribuyentes" afectados se situará en 23.000 personas, aunque habrá que esperar a ver cuántos de ellos huyen de nuestro territorio para sortear el mazazo de Hacienda.
El Ejecutivo no tenía tiempo que perder. Así, para tener lista esta nueva figura fiscal cuanto antes, PSOE y Podemos han introducido el impuesto este jueves como una enmienda a la Proposición de Ley con la que también aprueban el Impuesto a la banca y a las eléctricas.
Neutralizar a Madrid y Andalucía
"Se configura como un impuesto complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, de carácter estatal, no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas (CCAA)" reza el texto del Gobierno. Dicho de otra forma: lo que pretenden es neutralizar la exención del Impuesto de Patrimonio que aplica Madrid desde 2008 y, recientemente, Andalucía. La decisión de Juanma Moreno de eliminar el Impuesto de Patrimonio en Andalucía el pasado mes de septiembre desató la ira de Sánchez que, en poco más de un mes, ya tiene armada su ofensiva fiscal.
Y el Ejecutivo no esconde sus objetivos con este nuevo tributo: recaudar más a costa de las regiones que menos gravan a sus ciudadanos. En la enmienda reconocen que su impuesto a los ricos tiene una finalidad "recaudatoria, a fin de exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas". La segunda finalidad es "armonizadora, con el objetivo de disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas CCAA, especialmente para que la carga tributaria de los contribuyentes residentes en aquellas CCAA que han desfiscalizado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio no difiera sustancialmente de la de los contribuyentes de las CCAA en las que no se ha optado por reducir la tributación por dicho impuesto".
Ayuso despliega el primer contraataque
También hoy, el mismo día que PSOE y Podemos le declaraban la guerra fiscal, la región de Isabel Díaz Ayuso ha movido la primera ficha en la que va a ser la mayor batalla entre Sánchez y las CCAA con impuestos bajos (fundamentalmente las del PP).
Así, la Comunidad de Madrid ha aprobado en la Asamblea su Ley de Autonomía Fiscal y Financiera. "Con esta norma, se protegerán los derechos reconocidos en esta materia a través de la Constitución española -artículo 156- y su Estatuto de Autonomía –artículo 51-" señala el Ejecutivo de Ayuso. El pasado mes de febrero, los de Monasterio presentaron una enmienda a la totalidad contra este proyecto de Ayuso (Vox está en contra del modelo autonómico), aunque después dieron marcha atrás.
"La Ley obliga a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a reaccionar con todos los mecanismos legislativos a su alcance ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región", añaden.
Esta norma, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, regulará "la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo autonómico para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. También se reglamenta la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria". Con la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera y Fiscal, la Comunidad de Madrid "se dota de un nuevo instrumento jurídico que le permitirá salvaguardar sus competencias en materia tributaria".
Desde que llegara al cargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva amenazando con armonizar los impuestos autonómicos (Patrimonio, Sucesiones... ), pero hasta ahora no se había atrevido a despojar a las regiones de su autonomía fiscal. Estamos trata del mayor ataque impositivo del Gobierno de Sánchez a las CCAA, lo que anticipa una dura batalla entre ambos.