Si uno escucha al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hablar de transición ecológica y medio ambiente, sin duda termina dando por bueno que el desempeño de nuestro país en dichos frentes es de lo más preocupante. Su discurso al respecto encaja a la perfección con la histeria de la izquierda política y mediática a la hora de tocar estas cuestiones. Sin embargo, si dejamos a un lado el alarmismo y nos centramos en los datos y las cifras, encontramos que los indicadores de nuestro país en materia medioambiental son francamente positivos.
Empecemos por las emisiones de CO2 por habitante. Hoy en día, la producción de dióxido de carbono por persona asciende a 4,47 toneladas. El pico en este indicador se alcanzó en 2005, bajo gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando en España se emitían 8,4 toneladas de CO2 por habitante. Por tanto, la caída que se ha producido en los tres últimos lustros ronda el 50%. Visto en perspectiva histórica, los datos que estamos registrando en la actualidad son los más bajos desde la primera mitad de la década de 1970. Hay, eso sí, una gran diferencia: aunque entonces, como ahora, las emisiones rondaban las 4,5 toneladas de CO2 por habitante y año, lo cierto es que el nivel de riqueza de nuestra economía, medido a partir del PIB per cápita, era ent aquel momento más que diez veces menor.
El indicador per cápita es importante, pero podría esconder un aumento de las emisiones globales en caso de que nuestro país estuviese ganando población. No obstante, el invierno demográfico que atraviesa España se está traduciendo en todo lo contrario. Esto significa, en clave medioambiental, que las emisiones de CO2 imputables cada año a España han pasado de unos 360 millones de toneladas en 2005 a algo menos de 210 millones en la actualidad, lo que supone una caída del 40%. En este indicador, hemos recuperado niveles propios de los años 80.
Si estudiamos la cuestión de las emisiones en clave histórica, podemos ver que hubo fases históricas en las que la producción de CO2 era claramente menor. Sin embargo, hablamos también de un tiempo en el que la pobreza extrema afectaba directamente al 20-30% de la población y la esperanza de vida rondaba los 40 años. Dicho de otro modo, es evidente que los posibles daños al medio ambiente derivados del crecimiento se justificaban precisamente por la necesidad de crecer (y, por el camino, asumir la externalidad negativa de la contaminación) para salir de la pobreza masiva. Y, con los datos encima de la mesa, es innegable que, una vez España ha logrado consolidarse como una economía rica, sus emisiones de CO2 no solo no han aumentado, sino que se han desplomado.
Por tanto, no tiene sentido que España insista en imponerse a sí misma medidas medioambientales tremendamente restrictivas como las que está decretando el gobierno de Pedro Sánchez o las que se están proponiendo en la cumbre CO2. Las cifras muestran que nuestra producción es cada vez más eficiente y menos contaminante y, sin embargo, imponer prohibiciones y vetos como los que están sufriendo ciertos sectores (energético, automovilístico, plásticos…) tiene un efecto muy duro sobre la economía y nos empobrece a todos de forma generalizada.
No olvidemos que la llamada "agenda climática" nos va a costar 9.700 euros por persona, hundirá un 12% el PIB esperado en 2050 y apenas tendrá impacto en los indicadores de emisiones globales, puesto que los países más contaminantes, que realmente tienen la respuesta a lo que está ocurriendo, siguen ignorando la cuestión y manteniéndose al margen.
