El Gobierno de España ha asestado un nuevo golpe al mundo rural, en esta ocasión prohibiendo la quema de rastrojos. Los agricultores no pueden soportar el sobrecoste que implica llamar a una empresa de gestión de residuos para que retiren los restos de las podas y por el momento los acumulan en sus propias tierras con el riesgo de plagas e incendios que conlleva. El enfado entre los profesionales del campo es mayúsculo: "No hacen más que ponernos trabas en nuestro trabajo diario", denuncian desde Asaja.
El pasado 8 de abril se aprobó la nueva ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La norma prohíbe la quema de rastrojos, que han pasado a considerarse "residuos agrarios". De este modo, incinerar los restos de las podas de, por ejemplo, los viñedos o los olivos está sancionado con multas que van desde los 100.001 euros hasta 3.500.000 euros.
La quema de residuos agrícolas solo es posible ahora mismo de forma excepcional con un permiso que conceden las Comunidades Autónomas únicamente por dos motivos: porque hay riesgo fitosanitario o por motivos de accesibilidad. El presidente de Asaja, Francisco Jose García Navarrete, asegura que es prácticamente imposible conseguir esos permisos: "No los están dando. Del fitosanitario hay que presentar el informe de un perito que explique las causas específicas. Y por accesibilidad, tampoco los están concediendo. Así que hoy, quemar es un tema complicado".
Las consecuencias son graves porque los agricultores están acumulando en sus tierras kilos y kilos de ramas secas y otros restos vegetales que suponen un auténtico polvorín en caso de incendio. "Luego viene el verano y llegan los incendios y vendrán las preguntas sobre cómo está el campo. Al final no nos dejan trabajar. Y acumular masa forestal lo que va a provocar son más incendios".
Incendios y plagas
Ante el sinsentido de prohibir una práctica tradicional, barata y eficaz para eliminar malas hierbas, plantas muertas, enfermedades de las plantas o plagas, así como para regenerar pastos o aumentar la producción de las futuras cosechas, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados tuvo que aprobar una enmienda para eliminar la prohibición del ministerio de Teresa Ribera. El problema es que esa derogación formará parte de la futura ley que regulará el sistema de gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC) y no está previsto que entre en vigor hasta el año que viene.
Mientras tanto, los agricultores siguen acumulando más restos vegetales en sus tierras porque las únicas opciones que tienen son: llamar a una empresa de tratamiento de residuos o triturar las ramas ellos mismos. "La mayoría no tiene trituradora y hablamos de una inversión de hasta 20.000 euros. Los agricultores ya tienen bastante con el incremento de costes de producción, las adversidades climáticas, la reforma de la PAC… y ahora nos vienen con esto. No hacen más que ponernos trabas en nuestro trabajo diario".
Los incendios no son el único riesgo que conlleva prohibir las quemas controladas de rastrojos. "Si tú dejas restos vegetales en las tierras, eso se convierte en un foco de insectos y plagas. Especialmente en el caso de los viñedos, si no quemas las ramas, eso puede provocar todo tipo de enfermedades que afectan a la uva" y que darían al traste con la próxima cosecha, alerta García Navarrete.