La Comisión Europea ha lanzado una comunicación para explicar el grado de aplicación de las normas de control del gasto público. Y España se ha encontrado en ese texto con un primer aviso expreso. El documento no duda en recordar a los países más endeudados y con mayor déficit, que la crisis energética y el coronavirus no alteran las exigencias a medio y largo plazo. Y España acaba de superar los 82.000 millones de déficit en 2021 y roza el 120% de deuda sobre PIB, vulnerando todos los parámetros del Tratado de Maastricht.
El documento de Bruselas recuerda que "las finanzas públicas sólidas que responden de manera coordinada a los desafíos que prevalecen y que ayudan a lograr las prioridades comunes de la UE se han vuelto cada vez más importantes ante las crisis recientes y actuales". Explica que esta "comunicación responde a la necesidad de un marco reformado que sea apto para los desafíos de esta década" y que "un acuerdo rápido sobre la revisión del marco de gobernanza económica de la UE proporcionaría más pruebas de la solidez institucional de la zona del euro, que se centra en las finanzas públicas sostenibles y en la prevención y el tratamiento de los desequilibrios macroeconómicos en todos los Estados miembros y en la UE y en la zona del euro en su conjunto".
Tras esas primeras aclaraciones, la UE subraya que "el funcionamiento de normas fiscales creíbles y de la vigilancia de los riesgos para la estabilidad macrofinanciera también ayudarán al Banco Central Europeo a alcanzar sus objetivos, sobre todo cuando se enfrenta al desafío de cumplir con su mandato de mantener la estabilidad de precios evitando al mismo tiempo la fragmentación financiera en la zona del euro".
Y justo ese es uno de los puntos débiles de la política económica de Pedro Sánchez. "Llegar a un acuerdo sobre el futuro del marco de gobernanza económica es una prioridad apremiante", asegura Bruselas.
Pero lo cierto es que la UE no ha dejado de establecer vías de escapatoria a las exigencias económicas inicialmente definidas en el nacimiento del euro y consagradas en el Tratado de Maastricht. Puertas que se han regulado con el fin de suavizar los controles durante la pandemia y la crisis energética, pero que están elevando el descontrol estructural de la política fiscal de países como España.
Por eso Bruselas aclara que "la extensión de la cláusula de escape general hasta el año 2024 proporciona a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para reaccionar de forma rápida y efectiva a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y a la situación económica actual", pero, al mismo tiempo, los Estados miembros y la Comisión pueden llegar a un "consenso sobre la reforma del marco de gobernanza económica antes de los procesos presupuestarios de los Estados miembros para 2024".
¿Y cuál es la postura de la Comisión a este respecto? Pues la de recomendar el mantenimiento de las normas de control: "¿Recomienda la Comisión algún cambio legal en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y/o cambios en el Tratado, es decir, el 3% del déficit del PIB y el 60% de los valores de referencia de la deuda del PIB?", pregunta Bruselas. Y la respuesta es clara: "En opinión de la Comisión, una reforma exhaustiva del marco de gobernanza económica de la UE requerirá cambios legislativos, pero no serán necesarios cambios en el Tratado". Traducido: las exigencias de deuda y déficit públicos es conveniente que se mantengan. Y ambos parámetros son vulnerados en estos momentos por España.
"La Comisión abrió un importante debate sobre el futuro del marco de gobernanza económica hace casi un año. Desde entonces, se ha llevado a cabo un debate público abierto y rico, con contribuciones de ciudadanos, instituciones de la UE, gobiernos nacionales y una serie de otras partes interesadas. La Comisión también ha participado en interesantes discusiones técnicas con los Estados miembros", afirma Bruselas.
Bruselas añade una explicación final: "En las circunstancias actuales de altos niveles de deuda después de la covid-19, el actual punto de referencia de reducción de la deuda (la llamada regla 1/20) implica un ajuste fiscal demasiado exigente, procíclico y adelantado. Esto tendría un impacto muy negativo en el crecimiento y, por lo tanto, en la sostenibilidad de la deuda en sí".
Pero, eso sí, es necesario "adherirse a un marco de la UE transparente y común coherente con los valores de referencia del 3% del PIB [en déficit público] y del 60% del PIB [en deuda pública] del Tratado". Y por ello, "los planes nacionales a medio plazo de los Estados miembros con problemas de deuda alta y mediana deben garantizar una vía sostenible de reducción de la deuda a través de una consolidación gradual, junto con reformas e inversiones. Los Estados miembros deben presentar planes estructurales fiscales a medio plazo que garanticen que la deuda entra en una senda sostenible al final del período de ajuste, que será de cuatro años por regla general", concluye.