El Tribunal de Cuentas Europeo ha detectado un aumento de los "errores" en el control del gasto de la UE. En concreto, en la asignación y justificación por parte de los países receptores de los fondos anticrisis diseñados frente al coronavirus y que siguen en vigor por el ataque de Putin a Ucrania. España es uno de los grandes receptores de esas ayudas y no se libra del informe de fallos en un esquema de control que despertó en España la polémica desde el primer día debido al obsceno deseo de Pedro Sánchez de asignar sin supervisión las multimillonarias cifras.
El Tribunal de Cuentas Europeo (CEPA) acaba de terminar su informe anual sobre el gasto del presupuesto de la UE. Según el informe, los "errores" en el gasto del presupuesto de la UE han aumentado.
Los auditores concluyen en su informe anual que las cuentas de la UE para el ejercicio financiero 2021 cumplen con el objetivo de dar una visión "real y justa", y que los ingresos europeos pueden considerarse "libres de errores". Pero no "los pagos" a los Estados miembros, que están "afectados por demasiados errores", señalan. Los auditores también denuncian los riesgos existentes con respecto al control los fondos de la UE que se han entregado en los últimos años a modo de respuesta a la crisis del coronavirus y al ataque de Rusia contra Ucrania.
El Tribunal de Cuentas de la UE alerta de fallos en el control de los fondos europeos y señala a España. Por primera vez, el informe ha incluido una valoración separada sobre el instrumento de recuperación temporal de la UE, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). Los auditores denuncian que el nivel general de errores en el gasto del presupuesto de la UE ha aumentado en 2021 hasta el 3,0 % (en 2020 fue del 2,7 %). Y ello pese a que casi dos tercios del gasto auditado (63,2 %) fueron calificados como de alto riesgo -también más que en 2020 (59 %)-.
Los auditores admiten que "las reglas y los criterios de selección de los gastos a financiar que rigen este tipo de mecanismos suelen ser complejos, lo que hace que los errores sean más probables". Pero lo cierto es que el error material sigue afectando a los gastos de alto riesgo en una tasa estimada para 2021 del 4,7 % (2020: 4,0 %). Y ese es un nivel excesivo de riesgo.
Los auditores concluyen que el nivel de error para los gastos de alto riesgo es generalizado. Y han emitido incluso un dictamen adverso sobre el gasto de la UE en 2021. "El nivel estimado de error no es una medida de fraude, ineficiencia o desperdicio: es una estimación de la cantidad de dinero que no se utilizó en plena conformidad con las normas nacionales y de la UE", apuntan los auditores. El informe recuerda que "se investigaron 15 casos de sospecha de fraude (en comparación con seis en 2020) y se trasladaron a la Oficina Europea de Lucha contra la Fraude (OLAF)". De hecho, se informó igualmente de un caso a la propia Fiscalía Europea.
La CEPA reconoce que actualmente la UE se ve obligada a hacer frente a las consecuencias de una serie de hitos sin precedentes, con el ataque a Ucrania, la crisis de la energía, la pandemia de coronavirus y los fondos ecológicos, "lo que crea mayores riesgos y desafíos para las finanzas de la UE".
Pero este año, la auditoría europea incluía en su estudio, por primera vez el RRF, el componente principal del paquete "NextGenerationEU" (NGEU) de 800.000 millones de euros de la UE, que tiene como objetivo aliviar las consecuencias económicas de la pandemia. El mecanismo de gasto del presupuesto de la UE se basa en un sistema de reembolso de los costes tras avalar el cumplimiento de las condiciones por parte de los países receptores de las ayudas: los Estados miembros reciben fondos a cambio de alcanzar hitos u objetivos predefinidos.
Y en el caso de España, hay que destacar dos cosas. La primera, que en 2021 sólo se realizó un pago desde la RRF a España. La segunda, que los auditores han encontrado que uno de los 52 hitos incluidos en la solicitud de pago española no se ha cumplido por completo, pese a lo que no han considerado que el impacto asociado sea esencial. Pese a ello, los auditores han identificado "deficiencias en la evaluación de los hitos por parte de la Comisión y piden mejoras en futuras evaluaciones del mismo tipo".
Los auditores, además, señalan que "el cumplimiento de otras normas nacionales y de la UE no forma parte de los criterios de evaluación de la Comisión sobre la legalidad y regularidad de los pagos en virtud del RRF".