El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de la Comunidad Valenciana anunció la semana pasada el despido de parte de su plantilla por culpa de la grave situación financiera que atraviesa la organización.
Concretamente, el sindicato aprobó la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), excusado por el descuadre contable entre los gastos y los ingresos percibidos, y que han llevado a la organización a registrar pérdidas ininterrumpidamente durante la última década. "El sindicato ha resuelto no continuar con esa descapitalización y abordar medidas que reviertan la situación para obtener resultados positivos en los siguientes ejercicios, que le permitan regenerar el patrimonio y garantizar la viabilidad", afirmaba en un comunicado.
Según explica el organismo, uno de los motivos que han precipitado la aplicación del ERE se fundamentan en el aumento de costes derivados de la crisis de inflación, fenómeno que ha incrementado las nóminas de sus trabajadores. Solo en masa salarial, el incremento de gastos en la sección valenciana del sindicato ha supuesto un aumento de un millón de euros en los últimos dos años, y la masa salarial alcanza los 8 millones, de un presupuesto total cercano a los 15 millones.
Unido a esto, las cuotas de afiliación del sindicato se han desplomado en los últimos años, reduciendo los ingresos y ensanchando el descuadre en las cuentas. Esto ha llevado a que la organización valenciana mantenga una deuda de 2,5 millones y acumule unas pérdidas persistentes que superan los 4 millones de euros durante los últimos diez años.
El pasado mes de enero, el sindicato ya decidió apretarse el cinturón en Valencia, y acordó que el personal sindicalista no cobraría las compensaciones por la subida del IPC correspondiente a 2021, así como una congelación salarial durante 2022 y 2023. Se trata de "un esfuerzo asumido para no agravar más los problemas económicos de la organización", justifican. Estas medidas contrastan, paradójicamente, con las que el propio sindicato CCOO defiende en las negociaciones salariales que se aplican a las empresas.
Sin embargo, la situación será distinta para el personal laboral del sindicato valenciano, aquel que se dedica a cuestiones técnicas o administrativas y que no tiene la condición de "sindicalista". Estos cuentan con convenio colectivo propio y no se ven afectados por el recorte salarial, sino todo lo contrario: sus salarios se actualizan conforme al IPC y recibirán los atrasos del año anterior. Y esta subida en línea con la inflación ha agravado más si cabe la situación financiera de la organización.
Por último, además del ERE y de la congelación parcial de los salarios, CCOO de Valencia desplegará otras medidas recogidas en un plan integral de mejora, y que pasan por diversas vías de incremento de los ingresos, por un reajuste organizativo, por continuar con la reducción de gastos en servicios exteriores u otras partidas como de desplazamientos, dietas y de ahorro energético, así como la reestructuración de la deuda a largo plazo.
