Nada más estallar la crisis inflacionista, el gobierno de España empezó a buscar culpables. Primero ligó la subida de los precios a la guerra en Ucrania, pese a que el IPC ya rondaba el 7% en los meses anteriores a la invasión rusa. Después, cargó contra las empresas, a las que acusó de inflar sus márgenes y propiciar la escalada del coste de la vida.
Sin embargo, el relato del Ejecutivo se empezó a derrumbar cuando la oposición y la prensa exigieron pruebas de lo segundo. El gobierno terminó echando marcha atrás y admitió que no había evidencia de que los márgenes se estuviesen disparando de forma repentina. Aunque la izquierda política y mediática puso en el punto de mira a las eléctricas, las gasolineras o los supermercados, el análisis frío de los datos acabó silenciando dicho relato.
El propio número dos de la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido públicamente que el gobierno no tiene evidencia de que los márgenes estén creciendo. Para ser precisos, Gonzalo García Andrés afirmó que, "si miramos la etapa de pandemia y recuperación, con los datos que manejamos podemos decir que, en la gran mayoría de los sectores, las ganancias de las empresas no han subido". De hecho, fue incluso más allá y afirmó que, "en general, la ampliación de márgenes no es causante de la inflación y, en el caso de los salarios, es clarísimo que no están presionando los precios".
Partiendo de esta base, sorprende que CCOO y UGT hayan convocado diversas movilizaciones y manifestaciones en las que, lejos de culpar al gobierno de generar la crisis inflacionista a base de disparar el gasto y monetizar el déficit con la barra libre de liquidez del Banco Central Europeo, se vuelve a propagar el mismo discurso anti-empresarial que liga la crisis inflacionista a un supuesto aumento de los márgenes que, a cambio, estaría hundiendo los salarios.
Sin embargo, las cifras son claras. De acuerdo con los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, la situación del empresariado español es muy delicada y tiene poco o nada que ver con la imagen de bonanza que pretende trasladar el sindicalismo de izquierdas:
- El Valor Añadido Bruto (algo así como el PIB del sector privado) cerró 2021 un -6,2% por debajo de los niveles previos a la pandemia.
- Por otro lado, las ganancias de las empresas, medidas a través del Excedente Bruto de Explotación, sufrieron un descenso del -8,8% en relación con 2019.
- Los dividendos pagados por las compañías españolas a sus accionistas se han hundido un -35,8%.
- La inversión, expresada a través de la formación bruta de capital, experimentó una caída del -18,4% en el mismo periodo.
- La renta disponible de las empresas ha experimentado una corrección del -5,1%
- Y, además, la actividad podría caer más de no ser por el crecimiento de la deuda consolidada de las empresas, que ha aumentado en 70.000 millones de euros.
Ante estos datos, el izquierdismo ha venido señalando casos concretos de empresas que sí estarían aumentando sus ganancias. Sin embargo, no hay que olvidar que la mayoría de los ejemplos que se plantean son compañías del Ibex 35, que deben el 70% de sus ganancias a la operativa de sus filiales en el extranjero, de modo que tales beneficios no se explican por el mercado español, donde de hecho hay una evolución claramente a peor. Un buen ejemplo lo tenemos con el caso de Iberdrola, que entre los meses de enero y septiembre ha sufrido una caída del 14% en las ganancias obtenidas en España, compensada solamente por la subida del 29% de sus negocios en el extranjero.
