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España es el segundo país que más incumple arbitrajes sólo por detrás de Venezuela

Tenemos más de 700 millones pendientes de pago, principalmente por el "pufo" de las renovables.

Tenemos más de 700 millones pendientes de pago, principalmente por el "pufo" de las renovables.
Pedro Sánchez sitúa a España como el segundo país con más incumplimientos de arbitrajes. | EFE

El profesor Nikos Lavranos, abogado internacional de reconocido prestigio en la práctica global del derecho mercantil a nivel global, acaba de completar la primera edición del Índice de Cumplimiento de Arbitrajes Internacionales. El documento está generando un gran revuelo, puesto que España figura en el podio de los países con mayor volumen de incumplimientos de este tipo de sentencias, solamente por detrás de Venezuela.

De acuerdo con el estudio, adelantado en España por Expansión, España cerró el pasado año 2021 con un total de ocho laudos pendientes de ser resarcidos. El valor de estas obligaciones impagadas ascendía a 700 millones de dólares. Para poner en perspectiva esta cifra, basta decir que Rusia tenía entonces un total de seis impagos en el aire. Por tanto, nos codeamos con Venezuela y Rusia, como ya avanzó este diario en una noticia preliminar sobre el informe.

El "top diez" incluye a otros países comúnmente asociados con problemas de inseguridad jurídica, caso de Argentina, que aparece en el número 5 del índice, Kirguistán, que figura en el puesto 6, o India, que se ve relegada a la posición 9. Otros países europeos con malos resultados presentan, eso sí, un volumen de laudos impagados mucho más reducido, caso de 300 millones en República Checa o 7 millones en Hungría.

El grueso de los litigios cuestionados están vinculados con el "pufo" de las energías renovables. Como ya ha explicado Libre Mercado, España retiró los incentivos fiscales que había ofrecido a los inversores de forma retroactiva, vulnerando así los principios esenciales de la seguridad jurídica. En menor medida, los incumplimientos se refieren a sectores como la banca, la industria, la minería o la construcción.

Frente a la incertidumbre jurídica que está generando esta situación, llama la atención que muchos otros países europeos han asumido con normalidad la necesidad de resarcir a las empresas e inversores afectados cuando las cortes de arbitraje así lo han indicado. Cuatro ejemplos de ello serían los de (1) Rumanía, que resolvió el caso Micula pagando la indemnización correspondiente, de 250 millones de dólares, (2) Alemania, que zanjó su disputa con Vattenfall abonando los 1.500 millones pertinentes, (3) Hungría, que liquidó sus diferencias con Sodexo y Edenred, o (4) Hungría, que desembolsó su disputa con Achmea con una operación de 4.000 millones.

En este sentido, el autor del índice, Nikos Lavranos, subraya que la Unión Europea ha dejado de ser garante de la seguridad jurídica que normalmente rodeaba estos procesos y ha empezado a respaldar las maniobras de los gobiernos para dilatar los pagos pendientes, argumentando por ejemplo que, si se abonasen las indemnizaciones pendientes, las empresas e inversores beneficiados estarían obteniendo "ayudas de Estado" que vulneran la competencia.

La consecuencia de esto es un importante aumento del riesgo jurídico asociado a la inversión en ámbitos como la energía, donde los tratados internacionales exigen garantías de que se cumplirán los principios generales del Estado de Derecho. A este respecto, Bruselas ha llegado a afirmar que los arbitrajes internacionales suponen "un mecanismo situado al margen del Derecho comunitario", olvidando que los países miembros han suscrito los tratados internacionales que dan pie a tales arbitrajes.

No hay que olvidar que la inversión extranjera se ha desplomado en los últimos años, hasta el punto de que, si también se toman en cuenta las desinversiones, el descenso que ha sufrido España es del 90%.

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