Mientras el ministro Escrivá sigue dando datos de su nuevo plan de rebaja de las pensiones, la caja de la Seguridad Social hace aguas. El Gobierno de Pedro Sánchez admite oficialmente déficits superiores a los 7.000 millones anuales, que son ya altamente preocupantes. Pero la realidad es mucho más grave: el agujero estructural admitido por el equipo económico del propio Ejecutivo en sus cálculos para 2023 apunta a un déficit entre cotizaciones y prestaciones de nada menos que 56.144 millones. Por eso el Gobierno prepara ya rebajas de las pensiones.
Desde el Ejecutivo se pretende seguir engañando a la población bajo la afirmación de que ampliar a 30 años la base de cálculo de las pensiones no supone una rebaja de las prestaciones por jubilación. Esa ampliación extiende los años salariales que se toman como referencia para calcular la pensión. Y la hace incorporando los primeros años de entrada de cualquier persona en el mercado laboral: los años de juventud. Y en la inmensa mayoría de los casos esos años fueron los de sueldos más bajos o, incluso, los de ingresos de becario.
La realidad es que el desglose de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 demuestra que el Gobierno sabe que las cuentas de la Seguridad Social hacen aguas y sabe igualmente que se preparan, con toda la intención, reformas para recortar las pensiones futuras.
El agujero estructural real de la Seguridad Social es el siguiente, según las previsiones del propio Ejecutivo para 2023. El Gobierno admite que tendrá un déficit oficial de 7.200 millones de euros en la Seguridad Social. Pero, por el camino, ha previsto inyecciones vía transferencias del Estado -para evitar la quiebra de los pagos de las pensiones- de nada menos que 38.904 millones de euros. Y, por si fuera poco, otros 10.040 millones en préstamos.
Todo ello porque la realidad es que las cotizaciones sociales ya no dan, ni por lo más remoto, para pagar las pensiones de los españoles. Y eso que los trabajadores españoles soportan unas de las cotizaciones sociales más altas de toda la OCDE.
Resultado: el agujero estructural de la Seguridad Social asciende a 56.144 millones de euros. Una auténtica locura.
Y todo ello, tras haber aplicado todos los mantras socialistas. Porque es el resultado de una carga fiscal sobre el trabajo incrustada ya entre las más altas de la OCDE y de las que más ha crecido en 2021. El pasado año, de hecho, el castigo fiscal al trabajo se elevó en 28 puntos básicos, mientras que la media de los países de la OCDE la redujo en 0,06 puntos porcentuales. De hecho, en estos momentos, prácticamente la mitad del sueldo medio -que no llega a 30.000 euros anuales- no llega a los bolsillos de los trabajadores: se queda en el Estado. En concreto, el 39,3% del salario medio de los trabajadores españoles -tomando como ejemplo un soltero sin hijos- sirve para pagar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, frente al 34,6% de la media de la OCDE.
Así, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas se elevan hasta el 23% y las desembolsadas directamente por los trabajadores, hasta el 4,9%, cuando en la media de los países desarrollados se sitúa en el 13,5% y el 8,2%, respectivamente.
Toda una sangría fiscal que ha servido para tener más paro y, por lo tanto, menos cotizaciones finales.
Pero el Gobierno sigue empeñado en sus mismas recetas y en disimular con trasferencias de escasa transparencia el verdadero agujero de la Seguridad Social. Así este ente recibirá el próximo año en aportaciones del Estado esos 38.904 millones de euros, un 7,2% más que en 2022, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.
Dentro de esas aportaciones del Estado destacan, por ejemplo, las transferencias en aplicación de la recomendación primera del Pacto de Toledo, la que apunta a la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Traducido: la que indica que se deben cubrir con impuestos las pensiones no contributivas. El problema radica en que esos impuestos los pagan los mismos que el resto de cotizaciones, con lo que la separación de fuentes se convierte en un ejercicio un tanto teórico. Por este concepto se transferirán desde el Estado al sistema un total de 19.888 millones de euros, casi 1.500 millones más que en el presupuesto de 2022.