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Llega la expropiación de vehículos: Austria subastará el coche de quien conduzca más rápido de lo permitido

Las asociaciones austriacas de conductores consideran "desproporcionada" la medida y apuntan a su posible inconstitucionalidad.

Las asociaciones austriacas de conductores consideran "desproporcionada" la medida y apuntan a su posible inconstitucionalidad.
El coche podrá ser subastado de forma inmediata si se supera el límite en 80km/h. | Alamy

El Gobierno Austria, formado por una coalición entre el Partido Popular y el Partido Verde, anunció ayer lunes que prevé cambiar la legislación en materia de tráfico con el fin de poder incautar y subastar los vehículos de conductores que superen ampliamente los límites de velocidad permitidos.

"Con velocidades de 110 kilómetros por hora en zonas de 30 km/h o con 250 kilómetros km/h en una autopista, un coche se transforma en un arma", explicaba la ministra de Transporte, Medio Ambiente y Clima, la ecologista Leonore Gewessler. Por lo que, para acabar drásticamente con este peligro, las autoridades han encontrado la solución definitiva: "Si ya no tienes un coche, ya no puedes correr", indicaba la ministra.

"Hay algunas pocas personas a las que hay que quitarles esa arma", agregó Gewessler ante la prensa en Viena. Concretamente, las primeras estimaciones del gobierno hablan de que la nueva regulación podría afectar a entre 400 y 450 personas al año.

Para ejecutar su plan, el Ejecutivo austríaco prevé un procedimiento gradual con tres fases. En caso de superar la velocidad máxima en 60 km/h en zonas urbanas y en 70 km/h en una autopista (donde el máximo permitido es 130 km/h), al conductor se le retirará el carnet de conducir durante al menos seis meses y se embargará el coche por dos semanas.

En ese período las autoridades estudiarán el caso y si detectan que el conductor ha sido multado ya antes por un exceso excesivo de velocidad, el vehículo podrá ser expropiado a su dueño y subastado. Es decir, que, por ejemplo, si un conductor conduce a 200km/h en una autopista con límite a 130km/h, se quedará dos semanas sin su vehículo, arriesgándose a perderlo definitivamente si es reincidente.

Sin embargo, en los casos más graves –cuando se superen los límites permitidos en 80 km/h en zonas urbanas y en 90 km/h en una autopista– el coche podrá ser subastado de forma inmediata, sin esperar esas dos semanas iniciales.

La medida se enmarca en la creciente presión política contra los vehículos a nivel europeo, especialmente hacia los de combustión, cuya venta quedará prohibida desde el año 2035 en toda la UE. En España, esta prohibición viene acompañada de otras medidas como la expansión de las zonas de bajas emisiones en las ciudades, y deja en el aire el futuro de un sector que emplea en nuestro país a más de 500.000 trabajadores.

Más allá del ámbito ambiental, España también ha adoptado, en los últimos años, medidas encaminadas a un mayor control sobre los conductores. Así, por ejemplo, la DGT prepara la implantación de "conos inteligentes" para vigilar la movilidad, así como de radares que detectan frenazos o un rastreador para los vehículos inteligentes, mientras que ya utiliza drones para detectar infracciones u obliga a los vehículos nuevos a llevar instalado un limitador de velocidad inteligente. Todo ello, con el pretexto de la seguridad vial, pese a que el organismo se ha convertido en una suculenta fuente de financiación para el Estado.

"Castigo desproporcionado"

Pese a la polémica causada por la propuesta de incautación de vehículos, el Gobierno austríaco no encontrará muchas dificultades para tramitar el endurecimiento de su normativa de circulación, ya que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento. La nueva legislación, que incluye además multas de hasta un máximo de 10.000 euros, entraría en vigor a mediados de 2023.

No obstante, las nuevas medidas han despertado críticas por parte La Asociación Austríaca de Automóviles (ARBÖ), que ha destacado que podría conducir a un "castigo desproporcionado", mientras que el Club Turístico del Automóvil (ÖAMTC) considera que el acceso a la propiedad de otra persona es "claramente inconstitucional".

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