La tramitación del polémico Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, también conocido como el "nuevo impuesto a los ricos", sigue generando mucho revuelo político. En los últimos días ha trascendido que el PSOE está negociando directamente con el PNV la posibilidad de que este gravamen sea transferido a la Hacienda vasca, que de esta forma podría decidir si lo aplica o no.
Esta posibilidad ha levantado un enorme revuelo, puesto que el argumento central del gobierno de Pedro Sánchez para defender la introducción de este gravamen es la supuesta necesidad de armonizar las diferencias fiscales entre unos y otros territorios regionales, circunstancia que ha criticado como "dumping fiscal", en referencia a territorios que, como la Comunidad de Madrid o Andalucía, han bonificado o reducido sus impuestos.
La información salió a la luz el pasado fin de semana, a raíz de una información publicada en El Correo que fue confirmada por socialistas y nacionalistas. Puesto que el impuesto está siendo tramitado en las Cortes, hay tiempo para que PSOE y PNV acuerden las modificaciones que sean pertinentes, ya que la aprobación definitiva del tributo está prevista para finales de año.
¿Qué argumento van a emplear el PSOE y el PNV para sacar adelante esta polémica decisión? De acuerdo con las primeras filtraciones disponibles, unos y otros argumentan que no es preciso imponer este gravamen en el País Vasco porque su Hacienda autonómica ya cobra un Impuesto sobre el Patrimonio. Sin embargo, la idea última del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas es, precisamente, la de aprobar un tributo a los ricos en todas las comunidades, con independencia de si aplican o no el Impuesto sobre el Patrimonio.
Los socialistas vascos apuntaron en El Correo que "están comparando ambos impuestos" y, a renglón seguido, insistieron en que "no parece necesario implantar este impuesto, porque en el País Vasco ya funciona razonablemente bien el Impuesto sobre el Patrimonio". Sin embargo, esa postura de tolerancia hacia la política tributaria decidida por el gobierno vasco choca con la intolerancia exhibida hacia la Comunidad de Madrid, Andalucía y otras comunidades que han optado por bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio y se van a ver obligadas a introducir el nuevo Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas por la acción del mismo Ejecutivo que ahora pacta esta cesión con el PNV.
Otro de los problemas asociados a este gravamen es el de la invasión de competencias autonómicas inherente a la obligación de elegir entre un gravamen u otro, no permitiendo que algunos territorios bonifiquen o reduzcan este impuesto. Pues bien, frente a esta circunstancia, que afectaría a dieciséis comunidades, el País Vasco tendría su propio escenario fiscal a la carta y no tendría por qué aplicar ningún gravamen sobre la riqueza, si así lo decidiese. Otra asimetría más entre el trato que brinda el gobierno de Pedro Sánchez a los nacionalistas y el enfoque que adopta ante el gobierno madrileño o el Ejecutivo andaluz, a los que no permite mover ficha ni fijar su propia política impositiva.
