En las últimas semanas se han multiplicado las campañas de publicidad institucional dedicadas a divulgar algunos de los proyectos que está financiando el gobierno de España con cargo a los fondos del "rescate" europeo. Lo que no dicen estos anuncios es que, de enero a octubre, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez solo ha desembolsado la cuarta parte del dinero comprometido a comienzos del ejercicio.
Si nos remontamos al pasado invierno, podemos comprobar que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 recogían inversiones financiadas con cargo a Bruselas por valor de casi 28.500 millones de euros. Sin embargo, los datos que facilita la Intervención General del Estado sitúan los desembolsos realizados en los diez primeros meses del año a algo menos de 6.800 millones.
Así las cosas, la ejecución del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia avanza a ritmo de tortuga y, más allá de la propaganda oficial, los datos de gasto real arrojan un porcentaje ínfimo, por debajo del 25%. Esto significa que tres de cada cuatro euros prometidos a comienzos de año no se han desembolsado entre enero y octubre.
Si revisamos los datos los datos de los últimos cuatro meses para los cuales disponemos de cifras definitivas, podemos constatar también un cambio a peor en la ejecución de los fondos europeos. Así, mientras que en julio se movilizaron 1.900 millones de euros, en octubre solo se han transferido 400 millones financiados por nuestros socios comunitarios.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha defendido de las críticas insistiendo en que el gasto comprometido (desembolsado y pendiente de ejecución) alcanza el 58%. Sin embargo, incluso dando por bueno que el gobierno lograse ejecutar estos fondos a lo largo de noviembre y diciembre, el déficit seguiría siendo de un 42%.
Por otro lado, si realizamos un análisis del tipo de programas que se están financiando desde el gobierno, encontramos que el tejido empresarial solo recibe de forma directa en torno a un tercio de estos desembolsos. Esto significa que 7 de cada 10 euros van a otras Administraciones e instancias públicas, circunstancia que ya denunció la CEOE el pasado 2021, pero que no se ha rectificado desde entonces.