El gobierno valenciano que preside Ximo Puig se sostiene sobre un acuerdo de coalición entre PSOE y Compromís que se apoya, además, en el grupo parlamentario de Podemos. Uno de los ejes de este triunvirato está en los postulados ecologistas que, en teoría, comparten las tres formaciones izquierdistas. Sin embargo, a la hora de la verdad, la burocracia de la Generalidad está socavando su propia agenda "verde".
En estos momentos, el Ejecutivo tiene encima de la mesa más de 80 propuestas para instalar plantas fotovoltaicas. De esa cifra, solo hay 20 que hayan logrado las autorizaciones de rigor en plaza y forma y, por tanto, están a punto de echar a andar. Esta cifra contrasta con los más de 60 expedientes que siguen a la espera de recibir los informes técnicos y las declaraciones de impacto ambiental que debe concederles el gobierno valenciano para proceder a su instalación.
Para que nos hagamos una idea, los 63 expedientes que están en el aire pueden desplegar 2.250 megavatios de potencia fotovoltaica, que son el 38% del objetivo que se había fijado la Generalidad Valenciana para la próxima década. Sin embargo, la tardanza en la tramitación de los expedientes está haciendo que muchas de las empresas e inversores afectados desistan y abandonen.
Estos datos han sido divulgados por distintos medios nacionales, como La Vanguardia, y regionales, como Levante. Este último medio apunta que los afectados podrían llegar a reclamar al gobierno valenciano un total de 1.000 millones de euros, de los cuales 300 se corresponderían con los avales y otros 700 con el valor de los proyectos que están atascados.
La paralización de los proyectos revela un problema más profundo: la falta de coordinación entre las consejerías de Economía, Transición Ecológica y Política Territorial. A esto hay que sumarle los posibles obstáculos que puedan imponer las corporaciones municipales. De modo que los operadores privados del sector enfrentan un verdadero caos regulatorio, situación que se repite a nivel nacional e internacional.
