Se llama Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, pero en la Asamblea regional todo el mundo la conoce como Ley Ómnibus. Su aprobación definitiva se ha producido este mismo mes de diciembre, aunque la tramitación empezó hace casi dos años, cuando el gobierno de Isabel Díaz Ayuso empezó a pisar el acelerador con su estrategia de desregulación.
La Ley actúa sobre 50 textos normativos: son, a saber, 31 leyes, 3 decretos legislativos, 6 nuevas regulaciones y 2 decretos que se verán drásticamente alterados para reducir la incidencia de sus obligaciones sobre el empresariado y las familias, amén de 4 leyes y 4 decretos que serán eliminados por completo. Para tramitar todos estos cambios ha sido necesario un largo proceso de información pública, amén de un dictamen favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
Fuentes del gobierno madrileño trasladan a Libre Mercado que "los objetivos básicos de esta Ley consisten en estimular la actividad económica en la Comunidad de Madrid, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa".
Como ejemplo de los cambios que se han introducido, citan la posibilidad que se abre a partir de ahora en la sanidad con la posibilidad de incorporar profesionales extracomunitarios. De esta forma, será mucho más sencillo fichar a médicos o enfermeros procedentes de otros países. Aunque esta mejora fue incluida durante la tramitación parlamentaria, ha terminado convirtiéndose en uno de los ingredientes estrella de la norma, puesto que esta desregulación ayudará enormemente a paliar el déficit de profesionales en la Atención Primaria.
Otro campo en el que se darán importantes cambios es el del urbanismo. La llamada Ley Ómnibus modifica, por ejemplo, la Ley del Suelo. El objetivo es desbloquear el urbanismo a base de facilitar la aprobación Planes Especiales y evitar que prácticamente cualquier cambio requiera modificaciones en los Planes Generales. También se podrán desarrollar más actuaciones en suelo rústico, se ampliarán los fines del suelo y del patrimonio público, etc.
El mundo de la caza también sale muy beneficiado. A partir de ahora, no será preciso pedir permiso para practicar dicha actividad en los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid cuando estos cotos cuenten con un instrumento de planificación que esté aprobado por la Administración. Además, se suprimen 15 tarifas asociadas a la prestación de servicios para aprovechamiento de montes y se reforman otras 41 que quedarán simplificadas en un total de 12.
Hay otros ejemplos más prácticos de lo que cambia con la Ley Ómnibus. Se elimina la necesidad de contar con testigos para la firma de uniones de hecho, se suprimen las tasas por expedición de certificados de profesionalidad y se pone en marcha una revisión de toda la estructura de gasto de la Comunidad en aras de mejorar su eficiencia.