La categoría del Índice de Precios Industriales (IPRI) que mide la evolución en los precios de la industria de la alimentación acumula una subida del 19% en lo que va de 2022. En cambio, el Índice de Precios de Consumo (IPC) referido a la venta minorista de tales productos ha repuntado un 14% entre enero y noviembre del presente curso.
Esto quiere decir que las empresas dedicadas a la distribución de alimentos, como los supermercados y otros comercios similares, están asumiendo parte importante de la subida de la inflación y, en vez de subir precios un 19% y repercutir por completo el aumento de costes con el que están lidiando, han limitado la subida de estos productos al 14%.
Pero sería un grave error pensar que los supermercados solo enfrentan estos costes a la hora de sacar adelante la producción. La energía, por poner otro ejemplo, es un input muy relevante para estos negocios, que realizan un importante esfuerzo por conceptos como la refrigeración de los productos o la iluminación y el aire acondicionado de las tiendas. Si volvemos al IPRI y nos fijamos en esta categoría podemos ver que, de enero a noviembre, dicho concepto se ha encarecido un 38,6%. Otra piedra más en la "mochila" de los distribuidores de alimentos.
Otro indicador relevante es el coste del empleo, puesto que hablamos de un sector muy intensivo en mano de obra. Pues bien, si estudiaos cómo se ha comportado la evolución del coste laboral total por hora efectiva de trabajo en la rama del comercio, podemos ver que la subida aplicada en los tres primeros trimestres de 2022 ha sido del 4,8%. También ese coste va directo a la operativa de los supermercados y demás empresas dedicadas a la venta minorista de alimentos.
No termina ahí la cosa. Las empresas del ramo enfrentan también el impacto de una carga fiscal que ha aumentado notablemente en España durante los últimos años. De enero a noviembre, la recaudación del Impuesto de Sociedades ha subido un 27%. A esto hay que sumarle la entrada en vigor del nuevo Impuesto al Plástico, que va a costarle 30 millones al sector a partir del 1 de enero.
Y, por si no fuese suficiente, no hay que olvidar que los supermercados también lidian con el problema de la carga regulatoria y burocrática que se impone a todas las empresas de nuestro país y, especialmente, a un sector sujeto a numerosos controles. En los informes del Foro Económico Mundial, España figura como el país número 114 de 141 en lo tocante a la calidad de su marco regulatorio. No solo eso, sino que el número de disposiciones normativas aumentó un 22% en 2020 y un 4,8% en 2021 y, si bien aún no se disponen de datos finales para 2022, todo apunta a que la deriva volverá a ser similar.
Evidentemente, si todo el aumento de costes golpease a una industria con márgenes holgados, caso por ejemplo de las grandes empresas tecnológicas, quizá hablaríamos de un tejido productivo capaz de soportar con cierta solvencia el efecto de las continuas subidas en los precios de sus principales factores de producción. Sin embargo, los márgenes de los supermercados son mucho más bajos de lo que podríamos pensar. Y es que, como pone encima de la mesa un informe de Future Retail, las ventas anuales de las principales cadenas superan los 60.000 millones de euros, pero sus ganancias rondan los 1.500 millones. Esto significa que los operadores del mercado retienen apenas 3 euros de beneficio por cada 100 euros de ventas.
Por otro lado, los estudios que ha realizado Eurostat ponen de manifiesto que los precios de la alimentación abonados por los consumidores españoles están 8,5 puntos por debajo de la media de la Eurozona. En consecuencia, pagamos unos precios más competitivos que muchos de nuestros socios comunitarios, con todo lo que ello supone en términos de márgenes y ganancias de las empresas del sector.
Habida cuenta de todo lo anterior, resulta evidente que (1) no es cierto que los supermercados aprovechen la crisis inflacionista para hacer caja, sino todo lo contrario, puesto que también lidian con un grave problema de encarecimiento de sus factores de producción que presiona a la baja sus ganancias; (2) el gobierno agrava el problema a base de subir impuestos y reforzar las obligaciones normativas; y (3) el sector tiene márgenes reducidos y precios más bajos de los que vemos en nuestros países vecinos. Tres evidencias que tumban la propaganda del gobierno socialista-comunista.