Pedro Sánchez asegura que ha compensado la inflación a los funcionarios. Pero, ni las subidas para este año cubren el auge real del IPC, ni el resto de conceptos retributivos o compensatorios se acercan, ni por lo más remoto, al incremento de los gastos por culpa del auge de los precios. El sindicato CSIF desvela, además, que el Gobierno de Pedro Sánchez se está negando a actualizar los gastos por kilometraje y las dietas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones, ha exigido ya al Ministerio de Hacienda que convoque la Mesa de Negociación para "actualizar, con fecha de 1 de enero de 2023, las dietas y los gastos por kilometraje que reciben los empleados públicos por uso de sus vehículos particulares", y le ha recordado que dichas dietas "no se han revisado desde al año 2005".
El Real Decreto sobre consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, publicado el pasado 28 de diciembre, habilita al Ministerio de Hacienda para modificar mediante orden ministerial estas cuantías. Pero, pese a ello, la iniciativa la ha tenido que tomar este sindicato porque el Gobierno no convocaba la mesa de negociación.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha subrayado, en una carta enviada a la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, "que el coste de la gasolina y el diésel se ha incrementado un 230 y 240 por ciento, respectivamente, desde la última actualización de dichas dietas, lo que supone un desfase con respecto a las cuantías de las indemnizaciones y el gasto real". La carta añade que "en este sentido, advertimos que este hecho podría calificarse como un enriquecimiento ilícito de la propia Administración, ya que son los propios empleados y empleadas públicos los que tienen que hacer frente a este encarecimiento del combustible".
CSIF subraya, además, que las indemnizaciones que perciben "otros servidores públicos, como diputados y senadores" por el uso de sus vehículos particulares en cumplimiento de sus funciones "supera las establecidas para las trabajadoras y los trabajadores del sector público".
Por último, CSIF recuerda al Ministerio de Hacienda que le ha "solicitado en numerosas ocasiones la actualización de las cuantías de indemnización por razón de servicio para el conjunto de los empleados públicos, además de proponer una serie de enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, sin que sin que hasta la fecha se haya procedido a dicha revisión".
Hay que recordar que la misma actualización de los sueldos de los empleados públicos supuso ya una pugna entre CSIF y el Gobierno. Una pugna en la que el resto de grandes sindicatos dejó vendido a CSIF.
En aquella ocasión, CSIF rechazó definitivamente la propuesta salarial presentada por el Gobierno para los años 2022 a 2024: "Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la oferta salarial que nos ha trasladado el Gobierno", sentenció Borra en aquella ocasión. "Los empleados públicos vamos a volver a perder capacidad adquisitiva y desde CSIF no vamos a avalar con nuestra firma un acuerdo que desde el minuto cero implica volver a perder capacidad adquisitiva", explicó.
Lo cierto es que el Gobierno llegó a ofrecer a los empleados públicos una subida salarial modelable de hasta el 9,5% en tres años: ese plan incluía un aumento del 1,5% con carácter retroactivo para 2022 y cláusulas de revisión para 2023 y 2024. Para el año 2023, la propuesta incorporaba un aumento del 2,5%, con dos variables del 0,5% cada una. Así, se incorporaba una subida condicionada adicional de otro 0,5% si el IPC acumulado de 2022 y 2023 superaba el 6%, más otro 0,5% si el PIB de 2023 supera el 5,9%. Por último, se recogía otro alza del 2% para 2024, de nuevo con una cláusula condicionada para elevar el sueldo un 0,5% en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 superase el 8%.
CSIF señaló desde el primer momento que la subida salarial real no era, por lo tanto, del 9,5% anunciado por el Gobierno, sino de un 6% y que era insuficiente.